Con impacto directo en la organización política de la Ciudad de México, la discusión en la Cámara de Diputados sobre el llamado «plan B» de la reforma electoral generó un cruce de acusaciones entre legisladores y confusión en la lectura del dictamen.
El diputado José Guillermo Anaya (PAN) solicitó a la Mesa Directiva que se leyera lo relativo al artículo 122 de la Constitución, que regula aspectos del régimen político de la capital.
El presidente en funciones, Sergio Gutiérrez Luna, pidió a la diputada Magdalena Núñez (PT) que atendiera la moción de ilustración planteada por el orador.
Legisladores y funcionarios revisaron el dictamen y, ante la búsqueda, se señaló que la reforma en discusión no contempla cambios al artículo 122.
Magdalena Núñez confirmó que el dictamen no modifica ese precepto constitucional, tras lo cual Gutiérrez Luna declaró atendida la solicitud y buscó cerrar el punto.
El diputado Federico Döring (PAN) pidió la palabra para sostener que, a su juicio, cualquier abogado competente habría previsto que la disposición sobre congresos locales y regidurías en la capital requeriría una estipulación en el artículo 122.
Anaya y otros legisladores del PAN cuestionaron a Morena y a diversas instancias del gobierno por la ausencia de esa referencia, mencionando a funcionarios y a la Presidencia como responsables de la omisión.
Desde el PAN calificaron el proyecto como un intento fallido y una medida más bien propagandística, y criticaron lo que consideraron una austeridad selectiva; recordaron además la baja participación en el referéndum de 2022 como antecedente.
En el debate los panistas también apuntaron a obras y proyectos federales como ejemplos de gasto y señalaron posibles prácticas de corrupción, adelantando su voto en contra de la reforma.
El diputado Adrián González (PT) respondió que los panistas estaban haciendo el ridículo al exigir la modificación del artículo 122, y defendió que la Ciudad de México cuenta con naturaleza y constitución de entidad federativa, por lo que no sería necesaria la reforma solicitada.
La sesión continuó con intercambios entre ambas fuerzas sobre el alcance del dictamen y sus implicaciones para la organización política y administrativa de la capital.
