En un intento de frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, a la que se le atribuyeron 62 homicidios el sábado, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, publicó el decreto para declarar régimen de excepción por un mes, luego de que la Asamblea Legislativa la aprobó este domingo. «Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales», consigna el decreto aprobado por amplia mayoría en el Parlamento. Esto restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial.
El gobierno de Nayib Bukele pidió al Congreso decretar dicha medida a raíz de las «graves perturbaciones del orden público» generadas por las maras. La medida fue aprobada con los votos de 67 diputados de 84 durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a solicitud del presidente Bukele. Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia. Además, se suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
El Salvador registró el sábado el día más violento de su historia reciente con 62 asesinatos en medio de una escalada iniciada el viernes, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC). El alza de asesinatos de este fin de semana, atribuida a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), se cobró la vida de 76 personas en dos días, con los 14 del viernes. La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado es la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992). Este escenario supone un duro golpe para el gobierno de Bukele, que atribuye a su Plan de Control Territorial la acentuación de la baja de los homicidios en los últimos años, tendencia iniciada en el 2016. Para el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, que el gobierno haya tenido que pedir esta medida «muestra que su plan no es efectivo para detener el crimen».
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