En Michoacán, la gestión del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha evidenciado una desconexión estratégica notable en su enfoque hacia la seguridad pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública está llevando a cabo foros de sensibilización sobre bienestar animal, una iniciativa loable en términos de derechos, pero que se plantea desde una instancia cuyo objetivo central debería ser el diseño, coordinación y evaluación de políticas de prevención del delito, que protejan el derecho más fundamental: la vida humana.
Sin embargo, lo que se presenta como “prevención” parece más un esfuerzo de imagen que una política sustancial. La falta de un diagnóstico riguroso, así como de una teoría del cambio social y de procesos de intervención medibles, coloca en entredicho la efectividad real de estas iniciativas. Sin un modelo lógico, indicadores claros de resultados y una ruta definida para mitigar riesgos, la escenificación de la cultura de paz se contradice con la cruda realidad que vive el estado, el cual sigue siendo uno de los más afectados por homicidios dolosos, con un impacto significativo en mujeres y jóvenes.
Además, Michoacán enfrenta un alarmante fenómeno: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Informes especializados subrayan que el estado se destaca como uno de los focos críticos en esta crisis, lo que implica que ser joven en la región conlleva un elevado riesgo de desaparición, homicidio o reclutamiento forzado por grupos delictivos que ofrecen lo que el Estado no puede garantizar a los jóvenes: seguridad y oportunidades.
La respuesta del gobierno federal ante el asesinato de Carlos Manzo ha sido la implementación de una fuerte presencia militar en el territorio. Sin embargo, la estrategia estatal parece más centrada en iniciativas culturales que en solucionar la situación de violencia y criminalidad que enfrenta la población. La discusión no está en cuestionar la relevancia del bienestar animal, sino en reevaluar las prioridades dentro de la agenda pública.
En la gestión de riesgos, la vida de las personas debe ser la prioridad principal. En Michoacán, el foco crítico radica en la seguridad de las mujeres, jóvenes y comunidades que sufren las consecuencias diarias de la violencia, el desplazamiento y la extorsión. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si la agenda pública no debería priorizar la protección de la juventud antes de abordar su educación en aspectos más abstractos, garantizando que logren alcanzar la adultez en un entorno seguro antes de implicarles en una ciudadanía activa.
La administración actual ha descuidado la prevención del delito basada en evidencia, un vacío que podría dejar una huella duradera en su legado, particularmente en lo concerniente a las miles de mujeres víctimas de violencia y las familias impactadas por la desaparición de sus seres queridos. La declaración de intenciones debe traducirse en políticas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los michoacanos.
