Un legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha expresado su preocupación sobre las implicaciones de la nueva Ley General contra la Extorsión, destacando que podría resultar en la liberación de aproximadamente 500 reos en el país. Durante su intervención en la tribuna, el diputado enfatizó que existe una discrepancia en las penalidades establecidas en diferentes estados, donde al menos cinco de ellos, entre los que se encuentran Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, imponen castigos superiores a 16 años, cifra contemplada por la nueva legislación.
El legislador puntualizó que, tras una revisión de las cifras en Chihuahua, alrededor de 150 personas podrían beneficiarse de esta ley y recuperar su libertad, lo que podría sumar hasta 500 en otras entidades con situaciones similares. Esta situación ha sido calificada como preocupante, ya que sugiere una falta de análisis exhaustivo de la legislación en cuestión.
En relación a las disposiciones de protección a las víctimas del delito, el PRI consideró que la ley replica elementos ya existentes en la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, lo que a su juicio no representa un avance significativo en la protección de las víctimas.
Por su parte, un diputado del partido Morena defendió el proyecto, argumentando que la ley establece una definición unificada del delito de extorsión y busca eliminar las discrepancias penales entre las diversas entidades federativas, que hasta ahora han permitido que los delincuentes se aprovechen de estas diferencias. Resaltó que el objetivo principal es centrar la atención en las víctimas y garantizar que la investigación de este delito se realice de oficio.
En el debate, se mencionó la posibilidad de realizar denuncias anónimas, así como la introducción de nuevas propuestas para incluir tentativas de extorsión y castigar modalidades recientes del delito, como las extorsiones digitales, que han cobrado relevancia en los últimos meses.
