Activistas critican reforma que prohíbe vapeadores en México
Ciudad de México. Activistas a favor de los vapeadores y cigarrillos electrónicos han manifestado su preocupación por las reformas recientes a la Ley General de Salud, que prohíben la distribución y venta de estos dispositivos en todo el país. Argumentan que estas modificaciones legislativas facilitan la actividad del crimen organizado, que podría hacerse cargo de una cadena de distribución estimada en 5 millones de dispositivos al mes en México.
Durante las discusiones, los consumidores y usuarios lograron quedar excluidos de la prohibición, a pesar de que en un inicio los legisladores habían considerado un veto total. La reforma ahora será presentada al Senado para su discusión y probable aprobación final, donde se prevé que la mayoría oficialista respalde la medida.
El presidente de un colectivo a favor del vapeo expresó su descontento al calificar la prohibición de una decisión basada en un enfoque prohibicionista que no considera la evidencia científica acumulada. Destacó que en otros países, como Francia y el Reino Unido, el uso de vaporizadores se contempla como una alternativa menos dañina en las políticas públicas contra el tabaquismo.
Se estima que en México hay alrededor de 2.8 millones de consumidores de vaporizadores, de los cuales 2.3 millones utilizan dispositivos desechables, lo que genera un mercado significativo susceptible a ser monopolizado por organizaciones criminales si se implementan prohibiciones estrictas.
Los activistas hacen un llamado al Senado para que, en lugar de seguir con la prohibición, se elabore un marco regulatorio que defina claramente las pautas para la importación, distribución y venta de vaporizadores, enfatizando que es necesario comprender las implicaciones de una política que podría contribuir al fortalecimiento de actividades delictivas.
Por su parte, la presidenta del país ha defendido la prohibición alegando que los vapeadores representan un riesgo considerable para la salud. En su reciente declaración, afirmó que estos dispositivos contienen múltiples sustancias perjudiciales, y celebró la inclusión de sanciones abiertas para quienes comercialicen estos productos, que van de uno a ocho años de prisión y multas elevadas.
La controversia que rodea la reforma refleja las tensiones entre enfoques de salud pública y dinámicas de mercado, planteando un debate crucial para el futuro de las políticas de control del tabaquismo en México.
