La reciente propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) para permitir la escrituración de viviendas ocupadas irregularmente ha suscitado preocupaciones entre legisladores y expertos. Desde el Congreso del Estado, se anunció una revisión de la legislación estatal para abordar este tema.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Estado subrayó que la posibilidad de otorgar derechos de propiedad a quienes invaden inmuebles, al margen de la ley local, genera una incertidumbre jurídica que preocupa a la ciudadanía. Se hace hincapié en la necesidad de mantener las regulaciones que resguarden el orden jurídico y la seguridad de las propiedades.
A su vez, otro legislador de MC ha dirigido foros para abordar la situación del abandono de propiedades, especialmente en Tlajomulco de Zúñiga, un municipio con un significativo número de viviendas en cartera vencida, cifrado en 100 mil. De esta cantidad, se estima que el Infonavit ya posee al menos el 50 por ciento, lo que podría permitir su reintroducción al mercado. Sin embargo, se ha observado que los programas de financiamiento previos no lograron el éxito esperado, lo que invita a cuestionar la efectividad de las estrategias actuales.
Además, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en la zona metropolitana de Guadalajara hay cerca de 300 mil viviendas deshabitadas. Ante esta situación, se plantea la necesidad de desarrollar un plan estatal de vivienda que contemple tanto la regularización de propiedades como la necesidad de soluciones habitacionales accesibles.
Los representantes de MC han expresado que la regulación del uso de suelo en los municipios se verá afectada por la propuesta del Infonavit. En este sentido, se enfatiza que cualquier iniciativa debe considerar la autonomía de los estados y municipios en cuestiones de planificación urbana.
Por último, se destaca que el programa federal de vivienda social, que implica la donación de terrenos del Estado para la construcción de viviendas por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no debería verse impactado por esta controversia. Ante la creciente preocupación por las invasiones de viviendas, es fundamental adoptar un enfoque integral que garantice el respeto por el estado de derecho, mientras se promueve el acceso a una vivienda digna y una adecuada planeación urbana.
