En Puerto Príncipe y otras localidades haitianas la convocatoria a comicios adquiere carácter decisivo para intentar restaurar la gobernabilidad y atender necesidades urgentes de la población afectada por la violencia y la crisis humanitaria.
El Consejo Electoral Provisional aprobó un calendario para la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y municipales, así como una eventual segunda vuelta y la elección municipal en la misma jornada, pero su ejecución depende de condiciones previas señaladas por las autoridades electorales.
El Consejo Presidencial de Transición, instalado recientemente y con el mandato próximo a expirar, había previsto comicios para este periodo, pero el agravamiento de la crisis obligó a posponer esas fechas y a fijar un nuevo calendario electoral.
El propio Consejo Electoral ha subrayado que para que el calendario se cumpla son imprescindibles un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros suficientes.
Partes del país, incluida la capital, permanecen bajo control de bandas armadas y en algunas zonas el Estado está prácticamente ausente, según han advertido organismos internacionales, que también describen una situación humanitaria grave.
Millones de personas requieren asistencia, con cifras altas de niños afectados y más de un millón que han sido desplazados internamente, lo que agrava la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
Aunque formalmente no ha comenzado la campaña, los partidos políticos se reorganizan en todo el país: convocan mítines, movilizan bases, relanzan estructuras regionales y ofrecen formación a sus simpatizantes.
Los últimos comicios celebrados antes del actual vacío electoral culminaron con la elección de Jovenel Moïse, quien fue asesinado durante su mandato, un episodio que marcó el agravamiento de la crisis política.
El vencimiento del mandato del Consejo Presidencial de Transición genera incertidumbre sobre la continuidad institucional y plantea un mes decisivo desde el punto de vista político si no se alcanzan acuerdos sobre la ruta a seguir.
El gran reto sigue siendo acabar con la inseguridad: pese a una reducción de los ataques en la capital, la violencia de las bandas persiste en otras regiones con masacres, robos y violaciones colectivas que han forzado a miles a huir de sus hogares y vivir en campamentos en condiciones precarias.
Tras la retirada de una misión multinacional, una fuerza internacional de represión de bandas opera en el país con un contingente que puede llegar a varios miles de efectivos, apoyada además por personal civil para asistir en tareas de seguridad.
Organismos internacionales estiman que la violencia ha provocado decenas de miles de muertes en los últimos años y que el ritmo de homicidios se ha mantenido alto en el periodo más reciente, mientras la inseguridad y la crisis económica y social alimentan los flujos migratorios hacia varios países de la región y más allá.
