El Senado de la República ha dirigido un conjunto de interrogantes a la presidenta sobre su primer informe de gobierno, en el cual la oposición ha planteado diversas cuestiones críticas. Entre los temas destacados se encuentran el desabasto de medicamentos en hospitales, la supuesta «manipulación» de cifras relacionadas con delitos y la reciente revelación de casos de «huachicol fiscal» por parte de la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la fracción de Morena ha solicitado información sobre los efectos del despliegue militar en la frontera con Estados Unidos, así como el impacto de los programas sociales que otorgan apoyos directos a la ciudadanía.
De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, el Senado y la Cámara de Diputados tienen la facultad de enviar preguntas al titular del Ejecutivo para profundizar en los informes de gobierno. En este contexto, se han elaborado 50 preguntas que incluyen 27 de Morena, ocho del PAN, seis del PVEM, cinco del PRI, dos del PT y dos de Movimiento Ciudadano.
La bancada de Morena, encabezada por Adán Augusto López, cuestionó a la presidenta sobre los resultados del despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, afirmando que es crucial conocer los efectos en la seguridad y el control de armamento ilícito. Además, se interrogaron sobre la eficacia de programas como los talleres por la paz y su impacto en la reducción de la violencia, así como la continuidad de las becas educativas.
En el ámbito de política exterior, se inquirió sobre los avances en el Entendimiento Bicentenario y la seguridad fronteriza con Estados Unidos, además de las estrategias económicas vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, previsto para revisión en 2026.
Respecto a la oposición, el grupo del PAN planteó preguntas sobre la investigación de redes de huachicol fiscal que operan dentro del Estado y la necesidad de contabilizar los altos mandos implicados en estas irregularidades. Se cuestionó la estrategia del gobierno en la corrección de datos delictivos, la desmilitarización de la seguridad pública y la mejora del acceso a servicios de salud.
El PRI, por su parte, enfatizó en el desabasto de medicamentos en hospitales públicos y solicitó un plan integral para combatir la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno. La bancada de Movimiento Ciudadano centró sus preguntas en el retraso de la reforma laboral para la jornada de 40 horas semanales.
Finalmente, las consultas del PVEM se enfocaron en el acceso al agua y el cambio climático, mientras que el PT inquirió sobre el impacto de los programas sociales en la vida cotidiana de las personas beneficiarias.
No existe un plazo legal específico para que la presidenta responda estas preguntas, aunque se prevé que lo haga durante el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, que inicia en febrero.
