El Senado de la República de México aprobó recientemente reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. El propósito de estas modificaciones es fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero en el país.
La aprobación se llevó a cabo con el apoyo de 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, en un contexto marcado por las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra algunas instituciones financieras mexicanas.
Las reformas buscan mejorar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones vinculadas a recursos de procedencia ilícita. Entre los aspectos más destacados se encuentra la ampliación del objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, así como la introducción de nuevas definiciones, como «beneficiario controlador» y «persona políticamente expuesta». Además, se establece la obligación para las entidades que realizan actividades vulnerables de identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.
El dictamen también plantea un fortalecimiento en la colaboración entre diferentes organismos, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Guardia Nacional, junto con otras autoridades nacionales e internacionales, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las reformas facultan a varios organismos, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), para participar en la supervisión de estas actividades, exigiendo el uso de sistemas automatizados en el sector financiero para monitorear operaciones con clientes de alto riesgo.
En el ámbito penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, manteniendo la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia encargada de denunciar el uso del sistema financiero para actividades delictivas.
El presidente de la Comisión de Justicia argumentó que la reforma tiene un carácter preventivo, buscando evitar que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero nacional. Estas adecuaciones son parte de los compromisos internacionales de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La reciente aprobación de estas reformas ocurre tras las acusaciones del Tesoro estadounidense contra instituciones como CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas. Aunque estas entidades han rechazado las acusaciones, la Secretaría de Hacienda ha puntualizado que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que respalden los vínculos entre ellas y delitos financieros.
Las reformas serán enviadas ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación antes de ser firmadas para su publicación oficial y posterior implementación.
