En México, una iniciativa presidencial propone que la consulta de revocación de mandato pueda realizarse en la misma jornada que la elección federal y la segunda etapa de la elección judicial, medida que tendría impacto directo en la agenda electoral local.
La propuesta también permite que la persona sujeta a revocación difunda el proceso y promueva el voto a su favor, un cambio que modifica la práctica actual sobre la comunicación pública del Ejecutivo.
Actualmente la Constitución prohíbe que la propaganda del gobierno incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos, y la ley electoral reserva la promoción de la participación ciudadana al INE, a los organismos públicos locales, a los partidos y a sus candidatos.
El proyecto plantea reformar el artículo relativo a los derechos políticos para autorizar expresamente que la persona en proceso de revocación pueda promover el voto en los términos que establezca la ley de la materia, lo que dotaría de marco legal a actos que hoy se consideran contrarios a la normativa vigente.
Si la iniciativa prospera, la titular del Ejecutivo podría convocar al voto desde sus eventos públicos y conferencias en Palacio Nacional, lo que renovaría el debate sobre el uso de espacios oficiales en periodos de consulta ciudadana.
La intervención del Ejecutivo en procesos de revocación generó controversias en una consulta anterior y motivó a la autoridad electoral a dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana.
La iniciativa propone además que la revocación para la persona titular del Ejecutivo federal pueda solicitarse en una sola ocasión y dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional, lo que define ventanas temporales específicas para su convocatoria.
Si la consulta se realiza en la ventana que coincide con el tercer año del mandato, su celebración se empalmaría con la elección de diputados federales, cargos locales y con la segunda etapa de la designación de jueces y magistrados, lo que plantearía ajuste logístico y político.
