Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2025.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado al menos dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por su presunta participación en el desvío de recursos públicos y delitos de delincuencia organizada.
De acuerdo con las auditorías realizadas por la ASF, Aureoles, quien estuvo al frente del gobierno de Michoacán entre 2015 y 2021, está siendo investigado por un presunto desfalco que supera los 30 mil millones de pesos, en lo que se considera un daño patrimonial al erario federal. Esta situación ha sido reportada por diversos medios nacionales.
La FGR, en su acusación, destaca que entre 2016 y 2021, Aureoles generó un perjuicio de más de 3 mil 400 millones de pesos debido a una serie de operaciones irregulares en torno al arrendamiento, mantenimiento y compra de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán. La fiscalía calificó estas operaciones como «sumamente inexplicables e irracionales».
La investigación también involucra a cuatro excolaboradores cercanos al exgobernador, quienes fueron detenidos el 1 de marzo en relación con estos presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los exfuncionarios detenidos son: el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, capturado en Estados Unidos; Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegados de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, arrestados en Morelia; y Antonio Bernal Bustamante, quien fue secretario de Seguridad Pública en esa administración.
Los cuarteles en cuestión están ubicados en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, y se estima que el daño patrimonial causado por estas operaciones asciende a 3 mil 412 millones de pesos.
Por otro lado, el gobierno de Michoacán no ha podido justificar irregularidades en más de 28 mil 588 millones de pesos detectados entre 2016 y 2021, según un informe revisado por el diario Milenio. Además, existen otros 2 mil 139 millones de pesos pendientes de aclaración, los cuales podrían ser considerados como daño patrimonial.
Estas denuncias se derivan de una auditoría a las participaciones federales recibidas por el gobierno de Michoacán en 2020, aunque el monto específico no ha sido revelado. También se encuentran en proceso de resolución otros expedientes relacionados con más de 800 millones de pesos no reintegrados a la Federación.
La magnitud de estas irregularidades fue destacada en un informe de la ASF de febrero de 2023, lo que llevó al actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a ordenar una investigación profunda sobre estos hechos, con el compromiso de que «no quede impune».
