La Cooperativa Pascual, conocida por sus jugos Boing y refrescos Lulú, ha emitido una advertencia sobre el aumento inminente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplicará a las bebidas azucaradas en el año 2026. Los representantes de la cooperativa han solicitado apoyo económico en el Presupuesto de Egresos del próximo año, argumentando que este incremento podría llevar a la empresa a una crisis severa.
Históricamente, un impuesto similar implementado en 2014 resultó en una caída del 50% en las ventas de la cooperativa, lo que exigió años de esfuerzo para una eventual recuperación. Los líderes de Pascual han enfatizado el impacto negativo que podría tener el nuevo IEPS, que prácticamente duplica la cuota anterior, pasando de 1.64 a 3.08 pesos por litro.
Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente del Consejo de Administración, ha explicado que este aumento representaría un pago adicional de 600 millones de pesos, lo que supone un incremento del 88% en comparación con el monto actual. Con apenas el 2% del mercado nacional de refrescos, la cooperativa enfrenta una fuerte competencia de gigantes como Coca-Cola y Pepsi, que utilizan ingredientes más económicos y pueden absorber mejor estos gravámenes.
El aumento del IEPS ha obligado a Pascual a posponer la inauguración de una nueva planta y el desarrollo de un producto sin azúcar añadido. Las proyecciones sugieren que, de ser aprobado en el Senado, las ventas de la cooperativa podrían caer hasta un 60%. A diferencia de las grandes marcas, Pascual no tiene previsto trasladar este costo al consumidor, ya que busca mantener sus precios competitivos.
La situación es crítica, ya que 4,500 empleos y el patrimonio de 785 socios están en riesgo. Por ello, la cooperativa ha comenzado a reunirse con senadores y funcionarios de la Secretaría de Economía para explorar posibles soluciones que reconozcan su naturaleza social. Pascual aboga por un modelo fiscal diferente, asegurando que no se opone a pagar impuestos, pero requiere un enfoque que tenga en cuenta su contexto empresarial.
Pascual no solo es un referente en la industria refresquera; su historia está ligada a una lucha laboral significativa de los años 80, cuando los trabajadores, tras un conflicto que resultó en un desenlace trágico, adquirieron la planta y fundaron la cooperativa con el apoyo de destacados líderes.
Desde entonces, Pascual ha mantenido un control democrático bajo el principio de «un socio, un voto», en conformidad con la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta forma de organización busca equilibrar el desarrollo económico con la justicia social.
El gobierno, en su Paquete Económico 2026, tiene la intención de aplicar ajustes fiscales con propósitos extrafiscales, como la promoción de la salud pública, al desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y fomentar inversiones en sectores vulnerables. Sin embargo, desde la perspectiva de cooperativas como Pascual, podría existir un riesgo de extinción si no se considera un trato diferencial en la legislación fiscal.
