La propuesta del Municipio de León para incrementar el impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026 fue rechazada en Comisiones Unidas del Congreso local. Las Comisiones de Hacienda y Fiscalización, junto con la de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideraron que la iniciativa no contaba con elementos suficientes para justificar el aumento.
Aunque no se presentó como un incremento generalizado, el objetivo era elevar el valor unitario de la tierra en 77 colonias, superando la inflación del 4%. Esta modificación habría resultado en un ajuste en el cobro del predial. Finalmente, se decidió mantener las tasas actuales para el próximo año, igualando los términos al ejercicio fiscal 2025.
La diputada del Partido Acción Nacional argumentó que, aunque el municipio posee autonomía en materia fiscal, el Congreso tiene la responsabilidad de verificar que las cargas fiscales respeten los principios de equidad y proporcionalidad. Indicó que la propuesta no ofrecía justificaciones adecuadas para el incremento, advirtiendo que la modificación de las tablas de valoración podía llevar a que contribuyentes en tramos inferiores enfrentaran tasas más altas y cuotas adicionales, lo que podría resultar en un efecto perjudicial para las familias con menores ingresos.
Posteriormente, se aprobó desechar las modificaciones propuestas en la Ley de Ingresos de León, manteniendo la redacción y las tablas vigentes. Otro diputado respaldó esta postura, señalando la falta de apoyo técnico y metodológico para el aumento propuesto.
Adicionalmente, durante la misma sesión, se revisaron otras iniciativas de leyes de ingresos provenientes de diversos municipios. En el caso de Irapuato, se aprobó establecer una temporalidad diaria para permisos de eventos, mientras que una propuesta relacionada con la contraprestación de servicios de agua en la capital del estado fue rechazada. Asimismo, se descartó un incremento del servicio de limpia propuesto en Silao que superaba el 138%.
La discusión evidencia la complejidad de la política tributaria en el estado, donde las decisiones deben equilibrar la autonomía municipal con las necesidades de la ciudadanía.
