El gobierno federal dio por concluido a comienzos de enero el decreto que, entre finales de 2022 y noviembre de 2025, permitió la regularización simplificada de vehículos de procedencia extranjera; bajo ese esquema se legalizaron 2,987,839 unidades.
El programa anterior cobraba una tarifa fija de 2,500 pesos para obtener placas y registrar el vehículo en algunos estados. Con la eliminación de la figura de regularización simplificada, la importación ahora se tramita como importación definitiva y queda sujeta a obligaciones fiscales y aduaneras completas.
La nueva norma obliga al uso de un agente aduanal certificado y al pago de impuestos calculados sobre el valor real del vehículo. En la práctica, el costo total de importación puede representar entre 35% y 45% del valor comercial del automóvil, lo que reduce la conveniencia económica para muchos propietarios.
La normativa es selectiva respecto a años y origen. En la franja fronteriza norte se permiten modelos con 5 a 9 años de antigüedad (en 2026, modelos 2017–2021). Para el resto del país aplican modelos 2017 y 2018 cuyo VIN inicie con dígitos del 1 al 5 (fabricados en Norteamérica). Vehículos con VIN iniciado en letra (origen europeo o asiático) pueden enfrentar impuestos más altos que hacen el trámite inviable en muchos casos.
La documentación exigida es estricta y su ausencia puede provocar rechazo del trámite. Los requisitos principales son:
– Título de propiedad original sin reportes de pérdida total o inundación.
– Identificación oficial y CURP.
– Comprobante de domicilio.
– Certificado de emisiones (NOM-041-SEMARNAT).
– Baja de placas en el país de origen y visto bueno de exportación en Estados Unidos.
– Registro o constancia REPUVE.
– Seguro vigente para la expedición de placas.
Sin la baja legal en Estados Unidos, trámite que suele tardar aproximadamente 72 horas, no puede iniciarse el proceso en México. Cuando el vehículo cumple requisitos de origen y año y la documentación y la revisión física en aduana resultan satisfatorias, el trámite completo puede tardar entre 5 y 10 días hábiles.
Impacto técnico y operativo: el cambio eleva costos de formalización, incrementa la carga administrativa sobre aduanas y agentes certificados, y probablemente reduzca el flujo de importaciones informales hacia la legalidad, al tiempo que aumenta la recaudación fiscal por unitario importado. Para propietarios y operadores del mercado de vehículos usados implica mayor evaluación de rentabilidad, cumplimiento documental y dependencia de servicios profesionales de importación.
