Guanajuato, Gto., 19 de marzo de 2025.- En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se tomaron diversos acuerdos sobre distintas propuestas legales.
En primera instancia, se radicó la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, a fin de que incluya la frase Kína Sahí (pásale) proveniente de la lengua originaria (chichimeca jonáz), así como también en otomí en la señalética de espacios públicos, instalaciones culturales oficiales, oficinas y en los letreros de bienvenida al Estado y cabeceras municipales.
De igual manera, al Instituto Estatal de la Cultura, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que mejoren las acciones de promoción, educación popular y difusión que contribuyan a la revitalización y protección del patrimonio lingüístico del Estado, tales como la visibilización de la lengua chichimeca jonáz en los diversos espacios públicos.
También, al Instituto Estatal de la Cultura con la finalidad de que realice políticas públicas que visibilicen y sensibilicen a la población en general sobre la importancia de la preservación de las lenguas originarias que se hablan en la entidad; forme, capacite, actualice y profesionalice a los intérpretes de las diversas lenguas originarias que se hablan en el estado; lleve a cabo convenios con diversas autoridades federales, estatales y municipales para realizar en lo general acciones afirmativas dirigidas a la promoción, conservación y protección del patrimonio cultural intangible de los pueblos y comunidades indígenas, y en particular, el fomento y uso en los espacios públicos de las lenguas originarias que se hablan en el Estado.
Finalmente, a los 46 municipios para que, en caso de contar con población indígena, adopten el uso en la señalética, de la lengua de los pueblos originarios avecindados en su localidad y para que la legislatura lleve a cabo las acciones necesarias para adecuar la señalética de los espacios pertinentes del Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de incluir la lengua chichimeca jonaz y otomí.
Además, se acordó dictaminar en sentido negativo la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado que tenía como finalidad establecer como requisito de idoneidad en los procesos de designación el no haber sido dirigente de partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro religioso en los cinco años anteriores.
Como parte del orden del día se analizaron y tomaron acuerdos para la dictaminación de cuatro propuestas de punto de acuerdo.
Dos, formuladas en la LXV Legislatura, con la finalidad de exhortar al Poder Ejecutivo estatal para expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato; y para solicitar al presidente de la República que cesara a la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, o de cualquiera que representara al Poder Ejecutivo Federal de los discursos o expresiones de diversa índole, que señalen a personas periodistas o medios de comunicación por el ejercicio de su profesión.
Para ambos se solicitó la elaboración del dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de ambas propuestas.
La tercera, para solicitar a la Secretaría del Nuevo Comienzo que efectúe una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense, tendiente a obtener la información relacionada con la estructura, organización y cultura de los pueblos, considerando la auto adscripción indígena y así las comunidades de Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, ambas de San Miguel de Allende; Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos y Peña Blanca de Cieneguilla pertenecientes al municipio de Tierra Blanca; San Agustín de Comonfort; Urireo, Salvatierra y demás comunidades que se autoidentifiquen como indígenas, obtengan el reconocimiento, la constancia que permitan su inscripción en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de esta entidad federativa.
Al respecto, la legisladora Plásida Calzada Velázquez propuso se estableciera un plazo de 10 días a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que remita un informe sobre el estado que guarda el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas; así como al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a través de las oficinas de representación en Querétaro y Guanajuato, para conocer cuántas comunidades tiene inscritas, al no haber concordancia con el catálogo a nivel nacional.
La diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que, si bien la propuesta tiene aspectos relevantes, resaltó que la inscripción tiene que estar impulsada por parte de la comunidad interesada. En ese sentido, solicitó que deben tener información de cuáles de los pueblos mencionados han solicitado su inscripción.
Esquivel Arrona consideró que era recomendable conocer cuáles de las comunidades y pueblos enlistados en el exhorto ya han solicitado su respectiva inscripción al Padrón Estatal, por lo que propuso se solicite la información respectiva a la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, para verificar si hay solicitudes de inscripción, en el marco de la Ley y el respeto al derecho de autodeterminación y auto adscripción. Su propuesta fue aceptada y se sumó a la planteada por la presidenta de la Comisión.
La última, para pedir a los ayuntamientos de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú, mismos que cuentan con comunidades indígenas, para que cumplan con lo establecido en la Carta Magna y en la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado y consulten en todo momento a las comunidades indígenas cuando se pretendan realizar acciones u omisiones administrativas susceptibles de afectar o impactar de manera significativa en su vida, entorno y en general sus derechos.
En este punto, la congresista Plásida Calzada Velázquez pidió que se solicitara información sobre las acciones que están llevado a cabo para tomar en cuenta los representantes indígenas en las sesiones del ayuntamiento, en un plazo de 10 días.
El diputado Jesús Hernández Hernández comentó que la propuesta tenía consideraciones que era importante observar, ya que no señala que los municipios enlistados hayan incurrido en acciones u omisiones administrativas susceptibles de afectar o impactar en la vida de los pueblos o comunidades indígenas.
Externó que era recomendable revisar cuáles han sido los municipios que han impactado de manera significativa en la vida, entorno y en general, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de poder detectar cualquier incumplimiento.
Hernández Hernández propuso que se aporte información a esta Comisión, en un plazo de 10 días, respecto de los municipios que han incurrido en acciones u omisiones administrativas específicas o casos en concreto, que hayan afectado a los pueblos y comunidades indígenas.
La legisladora Calzada Velázquez reiteró que en el momento en que se les comparta la información se darán cuenta o confirmarán que ha habido omisión, ya que señaló que requieren saber las acciones que han realizado para efectivamente tomar en cuenta los representantes de los pueblos y comunidades en las sesiones de ayuntamiento.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.
