Las cámaras instaladas en la Ciudad de México combinan sensores de radar y equipos ópticos para detectar y registrar infracciones de tránsito; no se utilizan únicamente para controlar exceso de velocidad.
El sistema integra detección por radar para medir velocidad, cámaras para captura de imágenes y reconocimiento automático de placas (ANPR) para identificar al vehículo infractor. Los equipos se ubican en corredores y cruces estratégicos para maximizar cobertura y evidencia fotográfica.
Pueden registrar diversas faltas de tránsito, entre las que se incluyen:
– pasar semáforos en rojo
– invadir pasos peatonales o carriles exclusivos (transporte público, ciclovías)
– circular en sentido contrario o realizar giros prohibidos
– estacionarse en doble fila o “apartar lugares”
– conducir sin cinturón, usar el teléfono al volante o circular sin espejos laterales
Flujo de sanción: la cámara detecta la infracción, se captura imagen y placa, el software de ANPR asocia la matrícula con la base registral del vehículo y la notificación de la multa se envía al titular registrado mediante correo físico.
Cronología relevante: el sistema de fotomultas entró en operación en 2015. En 2019 hubo un cambio administrativo y operativo hacia la figura denominada “fotocívicas”. En 2024 se anunció una revisión del programa por disminución en su efectividad para reducir lesiones y muertes en siniestros viales.
Utilidad e impacto técnico: estas plataformas automatizadas sirven para aumentar el cumplimiento de normas, generar evidencia objetiva de infracciones, y producir datos para la planificación vial y la priorización de intervenciones. Cuando están bien calibradas y cubren puntos críticos, contribuyen a reducir comportamientos de riesgo y a mejorar la seguridad vial.
Limitaciones y consideraciones técnicas: el rendimiento depende de la calidad del ANPR, la calibración de radares, la ubicación de equipos y la gestión de datos. Puntos débiles comunes son lecturas erróneas de placas, imágenes insuficientes para identificar al conductor, notificaciones a titulares que no eran los conductores y adaptación de comportamiento que desplaza infracciones a zonas no controladas. La revisión anunciada debería incluir auditorías técnicas, análisis de cobertura y evaluación del impacto sobre lesiones y fallecimientos para optimizar la relación costo-beneficio y la aceptación pública.
