La conversación entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller mexicano plantea consecuencias directas para la cooperación en materia de seguridad y las acciones contra el tráfico de fentanilo que afecta a México. En la llamada, la parte estadounidense exigió resultados «concretos y verificables» en la lucha contra las redes que trafican fentanilo.
La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló que un «progreso gradual» frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable y que los próximos contactos bilaterales requerirán medidas claras para desmantelar las redes narcoterroristas. Al mismo tiempo, Washington y el gobierno mexicano difundieron un comunicado conjunto en el que subrayan la importancia de la colaboración basada en el respeto mutuo a la soberanía.
Rubio y De la Fuente coincidieron en que es necesario intensificar esfuerzos para enfrentar las amenazas compartidas y acordaron convocar en febrero una reunión de seguridad de alto nivel en Washington. El anuncio plantea una agenda que combina exigencias de resultados con espacios de diálogo institucional.
En el intercambio también se mencionó la postura del presidente estadounidense sobre posibles acciones directas contra los cárteles, posición que la presidenta de México ha rechazado reiteradamente en cuanto a permitir operaciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano. Según el comunicado, la retórica sobre este punto se intensificó tras una intervención militar en Caracas dirigida a la captura del presidente venezolano, quien según el informe permanece detenido y enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico.
