En Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció irregularidades en la investigación del rancho Izaguirre, sitio hallado hace diez meses y que, según el grupo, no ha mostrado avances aparentes, con impacto directo en las familias y la comunidad local.
La agrupación sostiene que el lugar funcionó como un supuesto sitio de exterminio, donde se documentaron cientos de pares de zapatos y se habrían cometido privaciones ilegales de la libertad, trata de personas, asesinatos y actos de canibalismo, según sus declaraciones.
Las autoridades han rechazado que en el inmueble se hayan cometido homicidios y han calificado el predio como un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), postura que contrasta con las afirmaciones de los buscadores.
En una carta dirigida a la presidenta, Guerreros Buscadores de Jalisco también advirtieron sobre una posible filtración de datos desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado, situación que, según el colectivo, podría poner en riesgo la detención y procesamiento de personas vinculadas al caso.
Los activistas indicaron además que existen testigos clave cuyos testimonios no han sido recabados por las autoridades mexicanas y que algunos de esos testigos optaron por huir a Estados Unidos, abriendo la posibilidad de que aporten pruebas fuera del país.
Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el colectivo dijo que no puede ofrecer más detalles sobre otros actos inhumanos que atribuye al sitio, mientras mantiene las denuncias sobre tratos crueles, asesinatos y la desaparición de cuerpos.
Las acusaciones plantean dudas sobre el avance de las pesquisas y la protección de testigos; las partes involucradas mantienen versiones contrapuestas mientras permanece la exigencia de esclarecimiento por parte de la comunidad afectada.
