La llegada a tierra del avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca ha generado un debate político con implicaciones directas para el Estado de México y la soberanía nacional, al cuestionarse si el gobierno cumplió el requisito constitucional de pedir la autorización del Senado para el ingreso de fuerzas militares extranjeras.
Senadores de la coalición oficialista sostienen que el ingreso quedó amparado por autorizaciones previas del Senado, aunque reconocieron no poder precisar a qué resoluciones concretas se refieren.
Legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano dijeron que la operación constituye una violación a la Constitución y exigieron que el Ejecutivo explique con qué autorización ingresó la aeronave, cuántas personas y qué tipo de personal militar entró al país, y cuántos permanecen en territorio nacional.
El artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras, argumento central de quienes denuncian la falta de trámite.
El Ejecutivo presentó ante la Comisión Permanente solicitudes para autorizar tanto la salida de tropas nacionales como el ingreso de personal y aeronaves extranjeros relacionadas con ejercicios y actividades de cooperación en territorio mexicano, peticiones que motivaron la expectativa de un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara alta.
Esa sesión extraordinaria fue prevista por la presidencia del Senado, pero finalmente no se realizó ante la decisión de las bancadas de Morena de posponerla en medio de la tensión diplomática por la posibilidad de despliegue de tropas desde Estados Unidos.
En meses recientes el pleno del Senado aprobó varias autorizaciones para la salida y entrada de personal militar con fines de adiestramiento y ejercicios binacionales; sin embargo, dichas autorizaciones no coinciden con el arribo específico del Hércules C-130 que aterrizó en Toluca, según los registros públicos de las resoluciones.
El gobierno guardó silencio durante el primer día posterior al aterrizaje y posteriormente negó que hubieran ingresado tropas estadunidenses al país, posición que es cuestionada por la oposición y que mantiene la exigencia de mayor transparencia sobre las autorizaciones y la presencia de personal extranjero en suelo nacional.
La controversia llevó a pedidos de información en el Senado y a un llamado generalizado a que la Cámara cumpla su función constitucional de supervisión sobre la entrada y tránsito de fuerzas extranjeras, mientras autoridades militares y legislativas evitan precisar detalles operativos que expliquen el alcance real de la cooperación.
