En Morelia, Michoacán, autoridades y organizaciones siguen con atención el caso que involucra a agentes federales en Minneapolis, tras la orden de un juez federal de Minnesota para que Gregory Bovino comparezca ante la corte y explique por qué no debería ser declarado en desacato judicial. La comparecencia responde a señalamientos de presuntas violaciones de órdenes federales durante operativos migratorios en esa ciudad.
El tribunal investiga si las acciones de los agentes a su cargo incumplieron directrices relacionadas con el uso de la fuerza y los límites de actuación en operativos de control migratorio. Las diligencias judiciales podrían derivar en sanciones administrativas y penales si se determina desacato.
Bovino, identificado como responsable de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con mando sobre despliegues locales, deberá explicar su papel en la ejecución de las órdenes y en la supervisión de los agentes implicados. Funcionarios federales han señalado que el esclarecimiento de los hechos es clave para la investigación.
La situación se agravó tras la muerte de al menos dos civiles en incidentes con agentes durante operativos migratorios, entre ellos Alex Pretti, un enfermero de 37 años, y Renée Good. Ambos fallecimientos desataron protestas y cuestionamientos públicos sobre la estrategia y los protocolos de actuación de las autoridades migratorias.
La polémica se intensificó por declaraciones públicas atribuidas a Bovino sobre uno de los fallecidos, en las que se afirmaba que la víctima planeaba atacar a agentes; esas afirmaciones fueron calificadas por críticos como infundadas y aumentaron la tensión social. Las críticas motivaron además reclamos de revisión de los procedimientos de uso de la fuerza.
Por instrucciones del gobierno federal, Bovino dejará el despliegue en Minneapolis y se ha ordenado la reubicación de parte del personal federal allí destacado. El alcalde de Minneapolis informó que algunos agentes comenzaron a retirarse tras conversaciones entre autoridades locales y federales, sin que se hayan divulgado detalles sobre los acuerdos.
El gobierno federal designó a Tom Homan, un veterano funcionario de inmigración, para asumir el control del despliegue en la ciudad. En paralelo, la Casa Blanca sostuvo reuniones para evaluar el impacto político y operativo de los hechos, sin que se haya planteado públicamente la destitución de funcionarios.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que cooperará con las investigaciones en curso y reiteró que los operativos buscan garantizar la seguridad nacional, al tiempo que afirmó su compromiso de revisar y actualizar protocolos relativos al uso de la fuerza. Las indagatorias judiciales y administrativas continúan abiertas.
