Irapuato fue ubicado en la posición 16 del ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, un resultado que puso en alerta a autoridades municipales y actores sociales por sus posibles efectos en la percepción local y la inversión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuestionó la precisión de los datos empleados por el organismo que elaboró el estudio y pidió una revisión de la metodología.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal consignó 548 homicidios en Irapuato y una población de 883,614 habitantes, lo que arrojaría una tasa de 62.02 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el mismo listado, Celaya aparece en la posición 21 con 404 homicidios y una tasa de 53.74, y León en el lugar 50 con 624 homicidios y una tasa de 29.79, en tanto el ranking considera áreas metropolitanas y se basa en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.
La Secretaría municipal afirmó que el informe parte de una cifra poblacional desactualizada y señaló que la estimación oficial del INEGI en 2020 sitúa la población de Irapuato en alrededor de 592,953 habitantes, diferencia que, según la dependencia, afecta directamente el cálculo de tasas y la posición en cualquier ranking. Además, la corporación afirmó que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos en el municipio muestran una tendencia sostenida a la baja entre 2018 y 2025.
La dependencia agregó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo, Irapuato ocupa el lugar 14 en el estado de Guanajuato en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. También apuntó que el estudio del Consejo Ciudadano “no precisa con claridad su metodología ni el tipo de incidencias que integra” y recordó que el propio organismo advierte que sus resultados “no están exentos de errores”.
La difusión del ranking motivó críticas de la oposición local hacia la administración municipal, que exigió revisar las estrategias de prevención y combate al delito. Los partidos y sectores críticos sostienen que el posicionamiento negativo evidencia la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas públicas en materia de seguridad en la región.
La alcaldesa ha defendido mejoras en el equipamiento policial, pero los adversarios piden resultados tangibles y mayor eficacia en el monitoreo y la inversión en tecnologías de vigilancia. En el debate público estatal, la seguridad en el corredor industrial sigue siendo un eje central y fuente de fricción entre autoridades y ciudadanos.
En el plano religioso, el obispo de Irapuato reflexionó sobre la ley, la justicia y la dignidad humana durante una homilía, insistiendo en que las normas deben proteger a los más vulnerables y no convertirse en obstáculos para alcanzar justicia. El prelado subrayó el mandamiento de “no matarás” como un llamado activo a defender la vida y a priorizar el bien común.
Mientras continúa el intercambio de críticas sobre cifras y metodologías, autoridades civiles y representantes religiosos coincidieron en que el desafío para Irapuato va más allá de los rankings: consolidar una ciudad donde prevalezcan la justicia, la verdad y el respeto a la vida es condición para una paz duradera.
