Por: Francisco A. Mijangos Ramírez*
Marzo colocará a Irapuato ante la necesidad de enfrentar importantes retos en materia de seguridad pública. La coincidencia entre la marcha del 8M y la Feria de las Fresas representan una prueba logística y operativa, que estará siendo observada por una ciudadanía crítica que observa con memoria.
- El 8M, antecedentes de violencia en dos direcciones.
El día internacional de la mujer suele conmemorarse con marchas que, aunque son anunciadas previamente como “pacíficas”, en los hechos, se han presentado actos de vandalismo que han derivado en daños personales y materiales en propiedad privada y pública. El lector recordará el antecedente de los hechos ocurridos el día primero de mayo de dos mil veintidós, durante la primera administración de la presidente Lorena Alfaro García.
Aquél día representó un punto de inflexión en la gestión de la seguridad municipal, cuando una manifestación feminista frente a la Presidencia Municipal fue reprimida mediante el uso desproporcionado de la fuerza. El operativo, ejecutado por mujeres policías, derivó en la detención arbitraria de 29 personas (incluyendo menores de edad), quienes denunciaron haber sido víctimas de golpes, tortura e incluso actos de violencia sexual durante su traslado y retención en los separos municipales. Estos hechos fueron acreditados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) que dictó la recomendación 420/22, mediante la que se obligó al Ayuntamiento a ofrecer una disculpa pública, así como a reformar sus protocolos de actuación para garantizar que el ejercicio de la libre manifestación no vuelva a ser criminalizado mediante conductas autoritarias. Es importante enfatizar que esa recomendación no fue una opinión política de partidos adversos al gobierno municipal, sino la conclusión jurídica del proceso legal que se dio a las denuncias presentadas a ese organismo público de protección de derechos.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no deja margen para interpretaciones: el uso de la fuerza es el último recurso, y debe ser proporcional y estrictamente necesaria. Sin embargo, en el caso particular la autoridad municipal actuó dando la espalda a los protocolos que regulan el uso de la fuerza legítima del estado.
Por ello, cualquier operativo durante el 8M será evaluado en tiempo real por la sociedad (sin duda lo que acontezca estará siendo reproducido en vivo en redes sociales). Además de esto, la autoridad debe tomar en consideración que su actuación estará bajo el escrutinio de organismos de derechos humanos. Sabemos ya, en la práctica, cuáles son las consecuencias de ignorar protocolos.
El argumento de la presencia del llamado “bloque negro” no puede convertirse en excusa para justificar intervenciones generalizadas. La responsabilidad penal es individual. Castigar colectivamente o actuar sin agotamiento previo del diálogo no es firmeza; es abuso.
Si el municipio vuelve a privilegiar la imagen de control inmediato sobre el respeto a derechos, correrá el riesgo de profundizar la desconfianza social.
- La Feria: el reto de superar el desgaste
Como evento masivo, la Feria de las Fresas exigirá un despliegue extraordinario de su operativo. Pero hay una pregunta incómoda que rara vez se formula: ¿con qué nivel de agotamiento estarán operando los elementos?
Turnos extendidos, cancelación de descansos y presión constante no fortalecen la seguridad; la debilitan. Un policía exhausto tiene menor capacidad de análisis, menor tolerancia al estrés y mayor probabilidad de cometer errores. Esto no es una crítica a los elementos, sino al modelo operativo.
Además, cuando se concentran recursos en el recinto ferial, otras zonas del municipio quedan con menor cobertura. En una ciudad con focos delictivos persistentes, esto no es un detalle menor: es una ventana de oportunidad para la delincuencia.
La seguridad no puede sostenerse sobre el sacrificio permanente del personal operativo. Una institución que normaliza el desgaste compromete su propia eficacia.
Conclusión
Debemos reconocer que, si bien el operativo del 1 de mayo de 2022, cuyas violaciones a derechos humanos derivaron en la mencionada recomendación 420/22 de la PRODHEG, ocurrió bajo la gestión de Ricardo Benavides Hernández; un episodio que dejó una herida profunda en la confianza ciudadana. Hoy, la corporación es encabezada por María del Consuelo Cruz Galindo, cuya administración presenta claroscuros estadísticos: si bien se ha logrado una disminución del 12% en homicidios dolosos, el preocupante incremento del 91% en las extorsiones y el alza en feminicidios mantienen bajo cuestionamiento la eficacia de la prevención social del delito.
En este contexto, el operativo de este mes de marzo representa una auténtica prueba de fuego para la nueva secretaria, quien deberá demostrar que la profesionalización y el respeto a la ley son una práctica operativa real. Por el bien de las mujeres manifestantes, de los asistentes a la feria y del tejido social de Irapuato, le deseamos a ella y a la corporación que encabeza el mayor de los éxitos en esta jornada crítica. Estaremos pendientes.
* El autor fue Director General de Seguridad Pública del Municipio 1997 – 2000 y Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (2013 – 2017)
