En Morelia, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma constitucional que impide a los gobiernos contratar deuda pública que rebase el periodo de su propia administración, informó la diputada Fabiola Alanís. La medida fue presentada como una acción para proteger recursos públicos y evitar que nuevas administraciones hereden compromisos financieros.
La iniciativa, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y avalada por todas las fuerzas políticas, obliga a que cualquier endeudamiento se ajuste a principios de responsabilidad hacendaria, transparencia y sostenibilidad financiera. Según sus promotores, la reforma fortalece la disciplina presupuestal del estado.
Alanís afirmó que la norma marca el fin de la práctica de “hipotecar el futuro para resolver el presente” y aseguró que busca blindar las finanzas públicas. La legisladora señaló que en el último año Michoacán destinó más de 6 mil millones de pesos al pago de intereses y amortizaciones por deudas heredadas.
Esos recursos, indicó, representan casi el doble del presupuesto anual de obra pública estatal y superan en más de mil millones de pesos el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por ello, subrayó, la reforma pretende redirigir fondos hacia servicios e infraestructura prioritarios.
El cambio constitucional prohíbe expresamente la contratación de deuda que exceda el último día de gobierno, con lo que se busca evitar que nuevas administraciones asuman pasivos que no generaron. Los impulsores sostienen que así se protege la estabilidad presupuestal y se favorece la planeación a largo plazo.
La diputada vinculó la reforma con la consigna de “No más deuda irresponsable” y con modelos de gobernanza orientados a la austeridad y al uso eficiente de los recursos públicos. Aseguró que la medida permitirá destinar más fondos a hospitales, carreteras, educación y programas sociales.
