En México, la activista Olimpia Coral Melo, promotora de la llamada Ley Olimpia, señaló que liderar la lucha contra la violencia digital le ha implicado renunciar a su propia libertad, pero subrayó la necesidad de no detener las denuncias contra lo que denomina el “algoritmo patriarcal”.
La legislación impulsada por Coral Melo sanciona con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión la difusión no consentida de imágenes íntimas, y ha logrado que el Estado reconozca la violencia digital como un problema público.
El impulso de la norma surgió tras la difusión sin consentimiento de un video íntimo de la propia activista cuando era joven, hecho que ella afirma puso en riesgo su vida y motivó su trabajo en la materia.
La Ley Olimpia se ha replicado en numerosas legislaciones estatales de México y en varios países de América Latina, y ha recibido reconocimiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
La figura de Coral Melo ha tenido presencia en marchas feministas y en un documental que registró el proceso legislativo y social alrededor de la norma; también ha sido mencionada en espacios de decisión política tras la llegada al Ejecutivo de una mujer por primera vez.
Con datos que indican que la gran mayoría de las víctimas de violencia digital son mujeres, la activista expresó esperanza por la presencia de mujeres en cargos públicos, pero advirtió que las funcionarias tampoco están exentas de la misoginia interiorizada.
Coral Melo planteó que el gobierno tiene la oportunidad de incorporar la discusión sobre la “economía global digital” en las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y alertó sobre el riesgo de que el comercio de datos desplaze la protección de los derechos humanos.
También señaló retos para el Poder Judicial, donde, según su criterio, persiste una “colisión de impunidad” y falta de conciencia de género entre jueces; dijo que el sistema debe estar preparado para casos como la usurpación de identidad mediante inteligencia artificial, la protección de neuroderechos y el reclutamiento de mujeres por redes sociales.
La activista afirmó que recibe diariamente cientos de mensajes de mujeres que piden ayuda ante acoso sistematizado en plataformas digitales y cuestionó qué instancias regionales o estatales asumirán la responsabilidad de exigir cuentas a empresas tecnológicas señaladas por ella, entre ellas Meta y Google.
Mientras no exista una respuesta institucional clara, Coral Melo aseguró que continuará alzando la voz por las millones de mujeres que han sufrido violencia digital en México y por quienes habitan internet, enfatizando que la difusión no consentida de imágenes es un delito con consecuencias físicas y psicológicas.
El largometraje que documenta su lucha fue realizado por la directora Indira Cato, quien acompañó el proceso legislativo y social; la directora explicó que era importante mostrar también las dificultades y el costo humano del activismo, más allá de los logros legislativos.
