En Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la Fiscalía estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incurrieron en omisiones graves durante la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se encontró un presunto centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y miles de prendas vinculadas a personas desaparecidas. El organismo subrayó la importancia local del caso por el impacto en las familias de las víctimas y en la seguridad de la región.
La CNDH concluyó que las fallas vulneraron derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, y atribuyó esas violaciones a servidores públicos de las instituciones estatales. En su recomendación, el organismo señaló múltiples deficiencias en el manejo de indicios y evidencias.
Tras la detención de personas vinculadas al predio, las autoridades estatales fueron instruidas para identificar, documentar, levantar, embalar, sellar, etiquetar y trasladar correctamente cualquier indicio hallado; sin embargo, la Comisión detectó que esas medidas no se aplicaron de manera sistemática. En la primera intervención se localizó un cuerpo, indicios balísticos, vehículos y armas, y en una búsqueda posterior se ordenó explorar posibles sitios de inhumación.
En la segunda exploración se encontró un lote óseo y varios objetos que, según la CNDH, no fueron asegurados, calificados ni registrados en el dictamen correspondiente, y algunas pruebas no fueron sometidas a los procesamientos periciales exigidos. Un documento interno establecía la obligación de registrar inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia cuando se encontraran indicios, pero no se cumplió con varias prendas y elementos.
La Comisión también advirtió que los vehículos asegurados no recibieron un procesamiento técnico integral y que algunos presentaban reportes de robo, y consideró que la Fiscalía incumplió su obligación de asegurar el inmueble relacionado con los hechos. Asimismo, se consignó que un aviso de que el predio no estaba debidamente asegurado fue informado por la policía de investigación a personal de la fiscalía, sin que ello evitara nuevas omisiones.
El informe señala retrasos en la comparación de muestras biológicas con la base de datos de familiares de desaparecidos por parte del instituto forense, cuando ese análisis pudo haberse realizado en una etapa anterior. Además, la presencia de madres buscadoras y de medios durante diligencias que estaban en proceso de intervención pericial fue calificada como otra falla en la preservación del lugar.
La CNDH solicitó a la Fiscalía y al instituto reconocer su responsabilidad, ofrecer una disculpa pública y elaborar o actualizar protocolos para la preservación de lugares intervenidos y el manejo de la cadena de custodia, así como adoptar medidas para garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reconoció la recomendación y afirmó que durante meses ha denunciado las omisiones, que a su juicio vulneraron el derecho de las familias a la verdad y a la justicia; además pidió no minimizar hallazgos que incluyen restos calcinados y evidencias de crematorios que apuntan a la destrucción de cuerpos.
