La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a México su opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego, estableciendo medidas que deben adoptarse para proteger los derechos humanos afectados por ese fenómeno.
En su respuesta a la consulta presentada por México, la Corte aclara la responsabilidad de las empresas productoras de armas por prácticas negligentes y sus efectos en derechos humanos.
El tribunal señala que los Estados deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego para evitar su desviación hacia el tráfico ilícito.
La CIDH también enfatiza la necesidad de combatir la corrupción y la criminalidad organizada como elementos clave para prevenir el tráfico de armas y la violencia armada.
Entre las medidas recomendadas figuran garantizar registros y sistemas de rastreo, contar con información sobre la fabricación y comercialización de armas, y establecer protocolos de seguridad y gestión para arsenales estatales y armas decomisadas.
La consulta se enmarca en demandas presentadas por México contra fabricantes de armas en tribunales de Estados Unidos, que buscan responsabilizar a las empresas por el presunto papel de sus productos en el tráfico ilegal hacia el país y su uso por cárteles.
