En Morelia, Michoacán, autoridades y analistas advierten que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, podría no debilitar por completo la estructura criminal vinculada al Cartel de Jalisco Nueva Generación, debido a la permanencia e influencia de su esposa, Rosalinda González Valencia, en las redes financieras del grupo.
Investigaciones señalan que las mujeres han desempeñado papeles centrales en el crimen organizado en América Latina desde las primeras décadas del tráfico hacia Estados Unidos, desempeñándose en posiciones que van más allá de los estereotipos de víctimas o meras acompañantes.
En el caso de González Valencia, su familia estuvo implicada en la formación y el sostenimiento de las estructuras que dieron origen al CJNG, por lo que, aunque no necesariamente asuma el liderazgo operativo, es probable que conserve un papel clave en la gestión financiera del grupo.
González Valencia ha enfrentado procesos por delitos financieros y de lavado de dinero: fue arrestada, puesta en libertad por falta de pruebas en una ocasión, detenida y condenada en otra, y obtuvo la libertad por buen comportamiento tras cumplir parte de su sentencia.
El entramado familiar alrededor de González Valencia incluye a miembros que fundaron organizaciones previas al CJNG y que habrían manejado redes de lavado y financiación; varias de esas personas han sido objeto de sanciones y detenciones en distintos países.
Miembros de su núcleo familiar han sido señalados por autoridades internacionales por su participación en operaciones financieras y logísticas vinculadas al narcotráfico, y una hija de la pareja llegó a ser detenida y condenada en Estados Unidos por administrar negocios relacionados con el imperio criminal.
Analistas y organismos regionales coinciden en que los perfiles femeninos dentro de las bandas son diversos: operadoras logísticas, encargadas de finanzas, transportistas y, en ocasiones, figuras con poder de decisión, lo que complica las respuestas de seguridad pública.
Informes sobre encarcelamiento muestran un incremento importante de mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas en las últimas décadas; en muchos países de la región, ese delito es el principal factor de la población penitenciaria femenina.
La manera en que se documenta y combate el crimen organizado está influida por supuestos de género y por la composición institucional de las agencias de seguridad, lo que puede llevar a subestimar la capacidad de acción y organización de las mujeres en esos entornos.
Casos de alto perfil evidencian esa diversidad: una mujer acusada en tribunales internacionales de proporcionar apoyo material a organizaciones ligadas al CJNG fue imputada por traficar migrantes, armas, dinero en efectivo y drogas, según fiscales.
Otra líder regional, matriarca de un clan en Centroamérica, fue detenida en el extranjero y, tras procesos judiciales y administrativos, logró protección humanitaria; fuentes indican que retornó a su país de origen después de su salida de detención.
En el norte de México, una operadora conocida como “La patrona” llegó a ser considerada mano derecha de un grupo importante del Cartel de Sinaloa, dedicada a operaciones de lavado y logística; fue arrestada, se declaró culpable en tribunales extranjeros y recuperó su libertad tras cumplir condena.
En Sudamérica han surgido cabecillas femeninas de organizaciones de tráfico con alto impacto local; algunas fueron detenidas y en prisión generaron seguimiento público por su exposición mediática y por vínculos con otras figuras delictivas.
Autoridades mexicanas señalaron a una líder regional en un importante puerto como generadora de violencia por su enfrentamiento con grupos rivales, lo que derivó en su captura tras investigaciones operativas.
En Centroamérica, una mujer catalogada por organismos internacionales como una de las mayores lavadoras de dinero de la región llegó a entregarse a autoridades extranjeras, cooperó con investigaciones y obtuvo beneficios procesales que redujeron su tiempo en prisión.
La historia delictiva regional también incluye figuras históricas femeninas que operaron en la frontera y en mercados ilícitos complementarios, algunas de las cuales huyeron y fueron recapturadas en diversas ocasiones hasta el final de su vida en reclusión.
La acumulación de casos y la evidencia académica y policial subrayan que las mujeres forman parte permanente de las redes del crimen organizado en América Latina, con roles que influirán en la dinámica delictiva y en las estrategias de prevención y persecución en el corto y mediano plazo.
