La intensificación de los procesos contra la corrupción en China tiene impacto directo en empresas y ciudadanos, así como repercusiones en la confianza institucional y en las relaciones comerciales con el país.
Los tribunales gestionaron 36.000 casos que involucraron a unas 40.000 personas por corrupción, sobornos y otros delitos relacionados con el ejercicio del cargo, lo que representa un aumento interanual del 22,4%, según el informe anual del Tribunal Supremo presentado ante la Asamblea Nacional Popular.
Entre los investigados figuran 57 altos funcionarios, incluidos exresponsables como el exministro de Agricultura y Asuntos Rurales y un exvicepresidente del Comité de Asuntos de Chinos en el Extranjero de la Asamblea Nacional Popular.
Uno de los condenados recibió una pena de muerte con suspensión de dos años por aceptar enormes sobornos; otro alto cargo fue sentenciado a 15 años de prisión por el mismo delito. Además, un exdirectivo del antiguo banco estatal Huarong fue ejecutado tras ser condenado por aceptar sobornos por un monto equivalente a 156 millones de dólares.
El informe también destaca prácticas sancionadas como la promesa de beneficios futuros, acuerdos sobre participaciones accionarias y la llamada «puerta giratoria» entre el sector público y las empresas, consideradas formas habituales de corrupción.
En materia de sobornos, se resolvieron 2.724 casos que involucraron a 3.235 personas, un incremento interanual del 10,1%. También se intensificaron esfuerzos internacionales para perseguir fugitivos y recuperar activos.
Esos esfuerzos transfronterizos permitieron recuperar y confiscar 18.140 millones de yuanes (unos 2.600 millones de dólares) en ganancias ilícitas. El gobierno presenta la campaña como una medida para mantener la disciplina interna, aunque expertos advierten que también puede utilizarse para neutralizar rivales políticos.
