En Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la vigencia del régimen de retiro aprobado por la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial local, que otorga liquidaciones y una pensión complementaria a jueces que no participaron en la elección judicial y no cumplen la antigüedad requerida para una pensión ordinaria. La decisión mantiene los beneficios aprobados por el Congreso estatal y tiene impacto directo en el gasto y en la carrera judicial local.
El artículo segundo transitorio de la reforma dispone que los jueces que optaron por no participar en la elección tienen derecho a una liquidación y a una pensión complementaria calculada sobre un porcentaje de su salario previo. Esa disposición buscaba atender la situación de quienes dejaron el cargo sin cumplir los años necesarios para acceder a jubilación.
La impugnación fue promovida por legisladores de Morena en el Congreso de Chihuahua, que alegaron violación al principio de igualdad y creación de privilegios que afectan las finanzas públicas. El asunto fue turnado al ministro Arístides Guerrero García, quien propuso reconocer la validez de las indemnizaciones y pensiones previstas en la norma local.
El proyecto de Guerrero García argumenta que la disposición busca reparar una afectación a la inamovilidad de las personas juzgadoras, considerada garantía para contar con servidores idóneos en la impartición de justicia. En sesión, la Corte aprobó por unanimidad la validez de las liquidaciones para los jueces que no participaron en la elección.
No obstante, solo cinco ministros votaron a favor de validar también el régimen de pensión complementaria, por lo que parte de la medida quedó limitada en el respaldo pleno del tribunal. Se manifestaron en contra los ministros Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, Lenia Batres y el ministro presidente Hugo Aguilar; sus votos no alcanzaron para anular la norma.
La ministra Lenia Batres criticó el proyecto y sostuvo que la reforma judicial federal no ordenó la creación de un régimen de pensiones especial para quienes dejaron el cargo. Batres consideró grave que la Corte asuma que la reforma constitucional afectó derechos de trabajadores del Poder Judicial y permita la instauración de privilegios locales como reparación.
