En México, más de 70 organizaciones de la sociedad civil, colectivos campesinos y alrededor de un centenar de personas académicas y activistas exigieron la publicación inmediata del Reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, al considerar que su ausencia obstaculiza la aplicación de la norma y tiene implicaciones directas para la población local.
Las agrupaciones alertaron que la falta del Reglamento retrasa la construcción de una política alimentaria capaz de responder a los desafíos nacionales y a los compromisos internacionales en materia del derecho humano a la alimentación.
Señalaron que el modelo neoliberal y la llamada Revolución Verde provocaron empobrecimiento y abandono del campo, una creciente dependencia de importaciones alimentarias y efectos negativos en el medio ambiente y la salud derivados del uso intensivo de agrotóxicos.
En ese contexto destacaron la resistencia histórica de pueblos originarios, movimientos campesinos y organizaciones sociales en defensa del territorio, la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación adecuada.
Como resultado de esas luchas, las organizaciones apuntaron avances legislativos y de políticas públicas, entre ellos reformas constitucionales y medidas como el etiquetado frontal de advertencia y la regulación de entornos escolares saludables.
Consideraron que la LGAAS constituye uno de los marcos legales más avanzados para promover la autosuficiencia alimentaria, fortalecer sistemas productivos sostenibles y crear mecanismos de coordinación intersectorial y participación social.
No obstante, advirtieron que instrumentos clave previstos en la ley, como el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Sinsamac), permanecen sin activarse por la ausencia del Reglamento.
Añadieron que esta omisión deja a la población expuesta a una crisis alimentaria y de salud pública, caracterizada por inseguridad alimentaria, malnutrición, altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas, además de riesgos asociados al uso de agroquímicos.
Exigieron la publicación inmediata del Reglamento para garantizar disposiciones claras sobre etiquetado e información alimentaria; armonizarlo con las reformas sobre protección de los maíces nativos y la prohibición del maíz genéticamente modificado en su centro de origen; instalar el Sinsamac y órganos de participación ciudadana; y establecer mecanismos de transparencia y prevención de conflictos de interés.
Las organizaciones pidieron que la publicación no sea frenada por presiones ajenas al interés público ni por disputas internas en el gobierno, y mantuvieron abierto el pronunciamiento para que más entidades e individuos se sumen a la exigencia, subrayando que la plena implementación de la ley es clave para la salud pública, la soberanía alimentaria y la protección del patrimonio biocultural.
