El gobierno suizo anunció un paquete de medidas para endurecer las condiciones de compra de vivienda por parte de extranjeros, con el objetivo de aliviar la escasez en el mercado inmobiliario interno.
El anteproyecto exige que ciudadanos de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio obtengan autorización administrativa para adquirir residencias en Suiza.
Se contempla además la obligación de revender la vivienda en un plazo de dos años si el comprador se traslada fuera del país.
Las condiciones para la adquisición de locales comerciales por parte de extranjeros se endurecerían: se requeriría autorización cuando no se explote directamente el establecimiento y se prohibiría su posterior alquiler o arrendamiento.
Otras restricciones limitarían la compra de segundas residencias y la participación de extranjeros en sociedades inmobiliarias de viviendas cotizadas en Bolsa.
El gobierno presenta estas medidas como una respuesta a la iniciativa popular «No a una Suiza de 10 millones», que reclama límites a la migración y al derecho de residencia alegando presión sobre la vivienda, el transporte y otros servicios.
Las propuestas serán sometidas a referéndum y el ejecutivo ha recomendado votar en contra de la iniciativa.
Frente al estancamiento o descenso poblacional en algunos países vecinos, la población suiza continúa aumentando de forma moderada gracias a la migración y ha superado la barrera de los nueve millones de habitantes.
