El Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha acusado al gobierno de Estados Unidos de afectar el Estado de derecho en México y vulnerar tratados internacionales. En un comunicado, el partido oficialista expresó su preocupación por una solicitud de extradición sin pruebas suficientes, lo que, según ellos, contraviene principios del debido proceso.
Los morenistas advirtieron que la manera en que la embajada estadounidense comunicó la solicitud viola la confidencialidad estipulada en acuerdos bilaterales, lo que podría dañar la confianza necesaria en la cooperación entre ambos países. La dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde, que dejará su cargo el 3 de mayo, afirmó su respaldo a las acciones del Gobierno de México en este asunto, siempre dentro del marco del Estado de derecho.
El Comité enfatizó que la Fiscalía General de la República es la única entidad responsable de evaluar la legalidad de la petición de extradición, que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y jefes policiales del estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha aclarado que cualquier solicitud seguirá un procedimiento definido, donde se determinará si hay elementos jurídicos suficientes para avanzar.
Finalmente, el CEN de Morena indicó que cualquier decisión sobre este asunto se tomará con responsabilidad, priorizando el respeto a la ley y la defensa de la soberanía nacional. En la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se mencionan también al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
La justicia estadounidense ha señalado a este grupo por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas, acusándolos de brindar protección institucional a las actividades del Cártel de Sinaloa.
