La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa ha desatado reacciones encontradas en el ámbito político mexicano. Mientras el oficialismo defiende al gobierno estatal, la oposición considera que la acusación respalda sus acusaciones sobre la relación entre el crimen organizado y el actual régimen.
Desde el oficialismo, líderes de Morena sostienen que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró que deben respaldar al gobernador hasta que se demuestre lo contrario. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, también expresó su apoyo a Rocha Moya y a otro senador mencionado en la acusación.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de narcotráfico y armas, alegando que protegieron las operaciones del cartel a cambio de sobornos. Rocha Moya rechazó estas imputaciones, calificándolas de infundadas y afirmando que son un ataque a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación.
Por su parte, la Cancillería mexicana afirmó que las solicitudes de extradición no contienen pruebas concretas y anunció que enviará una protesta diplomática a EE.UU. por la divulgación pública de la acusación, considerándola en contra de tratados bilaterales.
Desde la oposición, figuras políticas han calificado la situación como grave, argumentando que confirma sus alertas sobre la conexión entre el oficialismo y el crimen organizado. El senador Ricardo Anaya, del PAN, afirmó que esta no es una situación aislada y exigió la comparecencia de los funcionarios involucrados. Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN, pidió la renuncia de Rocha Moya y otros implicados para facilitar las investigaciones.
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también solicitó que el gobernador se separe del cargo, sugiriendo que se debe actuar con la misma severidad que en otros casos. Asimismo, el PRI consideró la acusación como evidencia de vínculos criminales en Morena, exigiendo una investigación exhaustiva.
