La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado al gobierno de Estados Unidos pruebas «contundentes» que respalden las acusaciones de vinculación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores con el Cártel de Sinaloa. Especialistas advierten que esta condición podría afectar un mecanismo internacional y provocar una crisis diplomática.
México es firmante del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que establece requisitos específicos para la tramitación de solicitudes, pero no requiere «pruebas irrefutables» en una etapa inicial, según analistas en derecho penal internacional y seguridad. El Artículo 10 del tratado exige una descripción del delito y los hechos imputados, mientras que el Artículo 11 permite la detención provisional en casos urgentes.
El abogado Julio Jiménez, del Colegio Nacional de Abogados, señaló que la postura del Ejecutivo podría estar más influenciada por consideraciones políticas que por el cumplimiento de obligaciones internacionales. Afirmó que México no puede establecer condiciones para revisar pruebas en esta etapa del proceso.
El consultor en seguridad David Saucedo advirtió que desestimar las acusaciones de Estados Unidos podría resultar en sanciones comerciales y tensiones en la cooperación en seguridad. Consideró que exigir evidencias directas en los términos planteados es poco realista, dado que en el sistema estadounidense las acusaciones suelen basarse en testimonios e investigaciones.
El tratado permite al Estado requerido solicitar información adicional si la documentación presentada es insuficiente, reforzando que existen mecanismos para abordar deficiencias sin frenar la solicitud. Sin embargo, la exigencia de pruebas contundentes por parte de México se interpreta como un endurecimiento político.
La situación se complica tras la consideración de una jueza federal en Nueva York, que encontró suficientes elementos para las acusaciones de la fiscalía estadounidense. Expertos advierten que un eventual rechazo de México a proceder según el tratado podría tener repercusiones legales y geopolíticas en un momento delicado en la relación bilateral.
Saucedo también alertó que el gobierno estadounidense podría optar por acciones directas sin necesidad de un juicio de extradición, como ha ocurrido en casos previos.
