El estado de Sinaloa enfrenta una situación delicada, ya que uno de los funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con «Los Chapitos» aún ocupa su cargo. Se trata de Dámaso Castro Zaavedra, quien ejerce como vicefiscal general de Sinaloa.
Castro Zaavedra es acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa y de proteger a miembros de esta célula delictiva. Su posición es la segunda más alta dentro de la procuraduría estatal.
Este funcionario fue responsable de la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa. Cuén fue asesinado durante una reunión relacionada con la entrega de Ismael «El Mayo» Zambada a las autoridades estadounidenses.
La versión oficial sostuvo que Cuén fue asaltado en una gasolinería y murió tras resistirse a los asaltantes. Sin embargo, testimonios posteriores indicaron que el crimen ocurrió en la misma reunión en la que se entregó a Zambada.
El escándalo provocó la renuncia de la procuradora de justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, y Castro Zaavedra asumió como encargado de despacho. Actualmente, la Fiscalía General de Sinaloa afirma que el vicefiscal atenderá cualquier citación de las autoridades, cumpliendo con el marco legal.
Además, la fiscalía aclaró que, de acuerdo con el artículo 135 constitucional, se requiere autorización del Congreso del Estado para iniciar acciones legales contra ciertos funcionarios, pero el cargo de vicefiscal general no está incluido. La Ley Orgánica de la institución tampoco otorga un régimen especial de inmunidad a las vicefiscalías, según la información proporcionada.
