El adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán podría agravar la situación de violencia y delincuencia que afecta a la niñez y adolescentes en la región, según la especialista en seguridad ciudadana, Lorena Cortés Villaseñor.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha presentado alternativas adecuadas para mitigar los riesgos que esta decisión conlleva en un entorno donde el consumo de drogas y el reclutamiento por el crimen organizado son problemas crecientes. Cortés Villaseñor advirtió que el cierre anticipado de las escuelas abre un vacío que podría ser ocupado por el crimen.
Cortés, fundadora de la Asociación Civil “Comunidad Segura”, también destacó que esta medida afecta especialmente a las madres jefas de familia, quienes carecen de opciones viables para el cuidado de sus hijos. La reducción del periodo escolar se considera una decisión autoritaria que limita las oportunidades para estas familias.
En un contexto relacionado con la violencia juvenil, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha judicializado en los últimos ocho meses 23 casos que involucran a 27 adolescentes. De ellos, 16 han recibido la medida cautelar de internamiento preventivo. 11 adolescentes restantes tienen otras medidas, que van desde la libertad asistida hasta órdenes de aprehensión vigentes.
Dentro de los adolescentes detenidos, solo dos han recibido sentencias definitivas vinculadas a delitos graves, incluyendo homicidio y secuestro agravado, con un internamiento preventivo por tres años, que es el máximo permitido por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
