La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la desaparición de personas en México, revelando una grave crisis en la que se evidencian vínculos entre delincuencia organizada y actores políticos. Este estudio destaca que, a pesar de las leyes implementadas, la situación sigue siendo crítica.
La comisionada Andrea Viviana Pochak señaló que las medidas adoptadas por el Estado no han sido suficientes y enumeró 40 recomendaciones para atender el fenómeno. Este incluye un patrón de desapariciones masivas, mayormente atribuido al crimen organizado, que se ve sustentado por políticas de seguridad ineficaces.
La impunidad es identificada como el principal impulsor de estos casos. El informe busca visibilizar la problemática y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Pochak subrayó que, sin un cambio en esta tendencia, la desaparición de personas continuará siendo un grave problema en el país.
Organizaciones de derechos humanos también han criticado la situación. María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, resaltó el papel de las autoridades en el aumento de desapariciones, sugiriendo que es imposible que no tuvieran conocimiento de las operaciones de redes criminales. Estas afirmaciones apuntan a una posible complicidad de las instituciones.
Representantes de colectivos de búsqueda, como Bibiana Efigenia Mendoza y Silvia Ortiz, han expresado su insatisfacción con la falta de atención del gobierno. Denuncian que las autoridades ignoran el sufrimiento de las familias buscadoras y que se priorizan otros eventos, como el mundial de fútbol, sobre la localización de personas desaparecidas.
El informe también aborda la preocupación por el reclutamiento forzado y la trata de niños y adolescentes, con un registro alarmante de más de 18 mil casos de menores desaparecidos.
La organización Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado que la falta de acción del Estado ha dejado a la infancia y juventud como el sector más vulnerable. Esta crítica se dirige al gobierno, que se considera progresista, por su incapacidad para enfrentar estos desafíos y por negar la realidad de las desapariciones. Las organizaciones exigen atención prioritaria a los más de 133 mil casos de desapariciones en el país.
