En la Ciudad de México, mientras se preparan los últimos detalles para el Mundial FIFA 2026, familias de personas desaparecidas organizan protestas para visibilizar una crisis nacional que consideran ignorada. En Tlalpan, estas familias se reúnen para elaborar fichas de búsqueda y sostener encuentros con funcionarios, buscando crear redes de apoyo.
Las madres y padres planean manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo desde el partido inaugural en el Estadio Azteca. También tienen previsto entregar cartas a diversas embajadas para alertar sobre los riesgos de seguridad que podrían afectar a los turistas.
Vanessa Gámez, madre de una joven desaparecida, subraya que su objetivo es que el mundo se entere de su dolor. Asegura que el gobierno no prioriza la búsqueda de desaparecidos y critica la narrativa oficial que minimiza estos casos. Con más de 134 mil desapariciones registradas oficialmente, las familias buscan usar la atención internacional del Mundial para señalar que «el país está de luto».
Ana Amelí García Gámez, desaparecida en julio de 2025 en el Ajusco, es solo una de las numerosas víctimas. Este mismo año, Ollin Hernando Vargas Ojeda desapareció en esa misma zona, y sus padres también se han unido al movimiento en busca de justicia y respuestas, tras la falta de avances en las investigaciones.
En Tlalpan, las familias enfatizan que las desapariciones de jóvenes en el Ajusco son comunes, y han denunciado la falta de supervisión en áreas con escasa presencia policial. Casos recientes involucran a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos desaparecimientos siguen sin resolverse.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también ha llamado la atención sobre estas crisis en México, considerándolas «crímenes de lesa humanidad». Fernando Vargas, padre de Ollin, respalda las conclusiones del comité, describiendo la situación como una crisis estructural y una maraña burocrática que impide resolver los casos.
