Alrededor de 200 personas se manifestaron en Irapuato en defensa de los centros de rehabilitación y en rechazo a las modificaciones a la Ley de Salud Mental. La movilización fue organizada por el Centro de Rehabilitación Unidos de Guanajuato (CRUB) y la Fuerza Nacional contra las Adicciones.
La protesta comenzó en el Parque Irekua y avanzó por las principales calles hasta llegar a la plaza Fundadores, donde los participantes expusieron sus demandas en un mitin. Durante la intervención, Nicolás Pérez Ponce, líder del CRUB, destacó las preocupaciones sobre el impacto que la nueva legislación tendría en el tratamiento de personas con adicciones.
Pérez Ponce mencionó que en Guanajuato existen entre 3,500 y 4,000 centros de rehabilitación, de los cuales cerca del 70% están regularizados. Sin embargo, advirtió que cumplir con los requisitos de las autoridades representa un desafío para muchos establecimientos.
El líder indicó que los criterios demandan la presencia de un médico y un psiquiatra, lo que resulta complicado para espacios que principalmente atienden a personas de escasos recursos. La nueva legislación también limitaría los internamientos involuntarios, lo que generaría dicotomías en los derechos humanos y las necesidades familiares.
El secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez Cervantes, recibió al contingente y su pliego petitorio, asegurando que el gobierno municipal busca mantener la cercanía con los centros de rehabilitación. Durante el diálogo, se denunciaron obstáculos para la regularización en otros municipios, especialmente en León.
La manifestación se desarrolló sin incidentes y los organizadores afirmaron que continuarán visibilizando la situación de los centros de rehabilitación. Este año, se ha reportado un aumento del 30% en la demanda de internamientos en la región, atribuible al consumo de drogas como el cristal y mezclas sintéticas, que están afectando especialmente a jóvenes.
Las autoridades sanitarias han advertido sobre la presencia de nuevas drogas en la región, entre ellas fentanilo y «krokodil», que incrementan el riesgo para la salud pública. La infraestructura institucional enfrenta demoras significativas, lo que deja a los centros civiles cargando con la mayor parte de la atención en estado, sin el respaldo gubernamental necesario.
