La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) finaliza su plantón tras 19 días de protestas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, marcando un hito significativo dentro de la esfera política y social del país. La decisión fue anunciada tras la realización de una Asamblea Nacional Representativa, donde se determinaron las estrategias futuras de la organización.
A las 22:00 horas, los líderes de la CNTE comunicaron que se levantarán las movilizaciones, no solo en la capital, sino también en Oaxaca y Chiapas. Este movimiento facilita el retorno a clases de aproximadamente 1.4 millones de estudiantes que habían dejado de asistir a la escuela.
Pese a la culminación del plantón, los representantes de la CNTE indicaron que esta resolución no implica el fin de su lucha, sino un «repliegue táctico» para reorganizarse en sus respectivas regiones. La dirigencia reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos, advirtiendo que de no observarse avances, podrían reanudar las movilizaciones a gran escala.
Las demandas de la CNTE abarcan un aumento salarial del 100% al sueldo base, la abrogación completa de la Ley del ISSSTE de 2007 para garantizar pensiones más equitativas, así como la eliminación de la reforma educativa de 2012. Adicionalmente, exigen la disolución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y una mayor asignación presupuestaria al sector educativo.
En un evento paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó protestas en San Quintín, Baja California, donde los manifestantes, que incluían a familiares de personas desaparecidas, demandaron la derogación de la Ley del ISSSTE. Durante su salida, la presidenta fue recibida con gritos que exigían atención a sus compromisos, destacando la tensión entre el poder ejecutivo y sectores de la población.
Este contexto revela un ambiente de movilización constante y de exigencias que han permeado el escenario político, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de las reformas legislativas y la posibilidad de un consenso partidista que garantice soluciones sostenibles a las demandas de los docentes. La dinámica de estas relaciones de poder tendrá repercusiones significativas en la educación y el bienestar social del país.
