5 de agosto de 2024.- El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, vuelve a estar en el ojo del huracán tras una investigación de la revista Proceso que lo vincula con la adquisición de propiedades en el Caribe mexicano por «cero pesos». Esta polémica involucra tanto a su familia como a propiedades en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, acumulando un total de 164 hectáreas.
Desde el anuncio del proyecto del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido esta obra como un motor de desarrollo y bienestar para el sureste mexicano, resaltando su importancia para la conectividad turística en el Caribe. Anteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se había proyectado el Tren Transpeninsular, que nunca se concretó.
Según la investigación realizada por Octavio Martínez, entre 2011 y 2019, Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett, y su hijo, León Manuel Bartlett, adquirieron diversas propiedades en la región, con la ayuda de funcionarios de alto nivel involucrados en actos de corrupción, como Roberto Borge Angulo.
Durante el mandato de López Obrador, cuando Manuel Bartlett ya era titular de la CFE, Abdalá Lemus adquirió un lujoso departamento en el condominio La Privada, en Aldea Zamá, Tulum, por 2 millones 581 mil 498 pesos. Esta zona se encuentra en plena expansión debido a la construcción del Parque del Jaguar, que incluye un hotel de lujo desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aldea Zamá es parte de un plan maestro de desarrollo público-privado iniciado en 2008, durante el gobierno de Félix González, que incluyó la desincorporación de 31 hectáreas pertenecientes a la Universidad de Quintana Roo. En 2013, Julia Abdalá se habría hecho con 3.8 hectáreas sin desembolsar ningún peso, según la revista Proceso.
Por su parte, León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del funcionario, también se benefició con la compra de propiedades subvaluadas. Junto con sus socios, adquirió el predio San José Ixchel, de 159 hectáreas, por 24 millones 448 mil pesos, equivalente a 15.3 pesos por metro cuadrado, muy por debajo del valor real de la zona, que puede alcanzar hasta mil pesos por metro cuadrado.
La zona Vida y Esperanza, donde se encuentra el predio, fue desarrollada con una base de mantenimiento para el Tren Maya, lo que mejoró significativamente la infraestructura vial y facilitó el desplazamiento en la región.
Esta nueva controversia sigue generando preguntas sobre la transparencia y la ética en las adquisiciones inmobiliarias relacionadas con altos funcionarios públicos en México.
Con información de Proceso e Infobae
