La Cámara de Diputados ha comenzado la discusión sobre un dictamen que propone la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este dictamen establece que la Guardia Nacional operará como una fuerza de seguridad pública compuesta por personal militar con formación policial.
De ser aprobado, el dictamen obligará a la Guardia Nacional a seguir las disposiciones del reglamento de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Además, se contempla la homologación de los grados existentes en el ejército, lo que significa que la Guardia Nacional contará con generales, jefes y oficiales, de manera similar a la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).
En el inicio de la discusión, un representante de la bancada de Morena defendió que la Guardia Nacional es parte de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Aseguró que su operación implica coordinación, intercambio de información y definición de tareas bajo una supervisión conjunta, todo lo cual se consolidará de forma transexenal.
Por otro lado, la oposición ha expresado su preocupación respecto a la posible militarización de la seguridad pública en México. Una diputada de Movimiento Ciudadano argumentó que el dictamen podría consolidar una mayor militarización de la vida pública, al redefinir la Guardia Nacional, que fue presentada como una fuerza civil en 2019, como una institución militar bajo el mando directo de la Sedena. Esta postura se contrapone, según la diputada, al mandato del artículo 21 de la Constitución, que establece que las organizaciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, disciplinadas y profesionales.
La discusión sobre este tema es clave en el contexto de la política de seguridad en el país y podría tener implicaciones significativas para la relación entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.
