El presidente de El Salvador ha ordenado un operativo de seguridad que involucra el despliegue de 2,000 efectivos entre militares y policías en la comunidad de Ilopango, situada en la periferia este de San Salvador. Esta acción responde a informes que indican un intento de reorganización por parte de las pandillas en la zona.
El operativo se inscribe dentro de la estrategia de seguridad implementada por el presidente, quien ha declarado un régimen de excepción que permite llevar a cabo detenciones sin orden judicial. En la madrugada del operativo, se estableció un cerco de seguridad compuesto por 1,500 soldados y 500 policías.
El mandatario destacó que la comunidad de San Bartolo, ubicada aproximadamente a 10 km de la capital, ha sido objeto de intentos de reagrupamiento por parte de pandilleros, basando su afirmación en informes de inteligencia policial y denuncias de los residentes. En un mensaje en redes sociales, enfatizó su determinación de eliminar a los “terroristas” ocultos en la región, afirmando que El Salvador aspira a ser el país más seguro del continente.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad subrayó la misión del operativo: localizar y detener a los remanentes de pandillas que generan miedo y violencia en la población.
A pesar de los logros en la reducción de homicidios que han llevado a Bukele a alcanzar altos niveles de popularidad, su régimen de excepción ha sido objeto de críticas por organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan que se han vulnerado principios fundamentales del debido proceso. Desde la implementación de este régimen, se han realizado alrededor de 86,000 detenciones por vínculos con el crimen organizado, aunque diversas organizaciones humanitarias advierten sobre la situación de aquellos que han recuperado su libertad, quienes, según informes, podrían continuar bajo vigilancia o en procesos judiciales.
