La excomisionada del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Julieta del Río Venegas, ha expresado su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Ley de Investigación e Inteligencia. Ambas normas, que buscan combatir y prevenir delitos graves mediante el uso de datos biométricos, generan inquietudes en torno a la protección de la privacidad y la información personal de los ciudadanos.
Del Río Venegas subrayó que si bien no se oponen a las iniciativas, la concentración de grandes volúmenes de datos personales plantea un grave riesgo. Según su perspectiva, la ley introduce cambios que debilitan la protección de dichos datos, creando un vacío en cuanto a la responsabilidad sobre su resguardo y las medidas de control aplicables.
En un análisis sobre las implicaciones de estas leyes, la excomisionada recordó que, antes de la disolución del INAI en marzo de 2025, era obligatorio contar con el consentimiento de las personas para acceder a sus datos. Sin embargo, con las nuevas disposiciones, este requisito ya no será necesario, lo que permite un acceso directo sin necesidad de autorización o conocimiento previo por parte de los individuos afectados.
Asimismo, del Río Venegas destacó que anteriormente, ante cualquier vulneración de datos, las instituciones estaban obligadas a notificar tanto al INAI como a los ciudadanos. Con la implementación de las recientes normativas, esta obligación se elimina, lo que podría resultar en un aumento en la exposición de información personal sin que los afectados sean debidamente informados.
La excomisionada hizo un llamado a empresas y autoridades sobre la necesidad de ejercer una precaución extrema en el manejo de datos personales, a la espera de que se publiquen más detalles sobre los reglamentos y las entidades responsables de garantizar las medidas de seguridad en el marco de la nueva regulación.
