La búsqueda de personas desaparecidas en México se presenta predominantemente como un esfuerzo femenino. Un informe reciente de Amnistía Internacional (AI) revela que madres, esposas, hermanas e hijas constituyen en gran parte las fuerzas detrás de esta búsqueda, donde se estima que más del 90% de quienes participan en estas labores son mujeres. Sin embargo, el documento también señala que el 97% de estas buscadoras enfrenta diversas formas de violencia y afectaciones, lo que pone de manifiesto la falta de apoyo institucional ante una problemática que debería ser responsabilidad del Estado.
El informe titulado «Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» detalla un preocupante patrón de agresiones que sufren estas mujeres, reflejando una realidad marcada por la inseguridad y el desamparo. La investigación, basada en encuestas a 661 mujeres involucradas en las labores de búsqueda, documentó que el 45% ha recibido amenazas, el 39% reportó extorsiones y un 27% ha sido víctima de ataques o desplazamientos forzados.
A esta situación se suman serias afectaciones en el ámbito familiar y de salud: el 60% de las buscadoras ha experimentado un deterioro en sus relaciones familiares, mientras que el 70% ha sufrido problemas de salud tanto física como mental, y un 60% ha enfrentado la pérdida de recursos económicos. Esta carga se agrava, ya que muchas de estas mujeres deben asumir el rol de proveedoras en sus hogares tras la desaparición de algún familiar.
El director de AI España subrayó la necesidad de abordar esta realidad con una perspectiva de género, enfatizando que las mujeres enfrentan desafíos únicos en su búsqueda. Además, se identificaron problemas de estigmatización y revictimización, donde una de cada dos buscadoras ha sufrido estas situaciones, incluso a manos de autoridades.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno mexicano a reconocer las desapariciones como un asunto grave y arraigado, y ha solicitado que se brinde apoyo y protección a las mujeres buscadoras, quienes se consideran defensoras de derechos humanos. Este reconocimiento es escaso, y muchos de estos esfuerzos son llevados a cabo en ausencia de la necesaria protección institucional.
El informe concluye alertando sobre las severas deficiencias en el Mecanismo de Protección a personas defensoras, evidenciado por ejemplos donde los dispositivos de alerta, como botones de pánico, no funcionan. La situación es crítica en un país que actualmente registra más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas, lo que reitera la urgencia de abordar la crisis de los desaparecidos con seriedad y compromiso.
