La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ratificado la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, en la que se determinó la existencia de violencia política de género perpetrada por el exgobernador de Morelos contra la exdiputada federal y actual senadora. Como consecuencia de esta decisión, se ordenó la inscripción de los implicados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres por un período de un año y seis meses.
Además, ambos deberán participar en un curso sobre derechos de las mujeres, mientras que el Congreso de Morelos tiene la responsabilidad de evaluar posibles sanciones adicionales para los exfuncionarios.
Los magistrados, por mayoría, concluyeron que se impidió a la senadora el acceso a un palco principal durante un evento conmemorativo, pese a que había sido invitada y se le había autorizado la instalación de un templete. Esta exclusión se consideró un acto de invisibilización que tuvo un impacto significativo en su condición de mujer en el ámbito público.
El exgobernador, al impugnar la resolución, argumentó que no era de su competencia decidir sobre el acceso al palco. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que dicha exclusión vulnera el derecho de las mujeres a participar plenamente en espacios públicos.
Por su parte, la senadora ha señalado que debería haberse sancionado a más personas por las conductas denunciadas y que la decisión del Tribunal sobre las sanciones recaía en su propia autoridad, en lugar de depender del Congreso local.
El pleno del TEPJF respaldó la resolución de la Sala Especializada, afirmando que se aportaron fundamentos suficientes para acreditar la violencia política de género y que las consideraciones presentadas no fueron refutadas. La confirmación de la responsabilidad del exgobernador se considera acorde a lo establecido por la ley.
