Durante los momentos críticos de la pandemia de COVID-19, en hospitales de México circulaba una inquietante expresión: «Si te intuban, te mueres». Años después, esta percepción ha tomado un giro trágico, con informes que indican que miles de pacientes perdieron la vida tras ser intubados con respiradores de la marca Philips.
Recientemente, un grupo de 43 familiares de víctimas presentó una demanda colectiva contra Philips México, acusando a la empresa de haber distribuido ventiladores defectuosos a pesar de las advertencias internacionales sobre su peligrosidad. Esta demanda se fundamenta en denuncias de homicidio, lesiones y delitos contra la salud pública, en un gesto inédito de la justicia mexicana. Uno de los afectados manifestó a la prensa su deseo de justicia, subrayando que los respiradores que debían salvar vidas se convirtieron en su perdición, y demandando una garantía de que incidentes similares no se repitan.
Los modelos cuestionados, como E30, V60 y Trilogy Evo, son parte de una línea de ventiladores que la FDA ha catalogado como peligrosos. Se encontraron con una espuma de poliuretano en su interior que puede liberar partículas tóxicas a los pulmones, lo que llevó a la agencia a emitir una alerta sanitaria de clase I, la más grave por su potencial de causar lesiones graves o muerte.
Desde 2020 hasta 2021, más de 5,000 unidades del modelo E30 fueron distribuidas en hospitales mexicanos. A pesar de que estos dispositivos habían sido retirados en otros países, continuaron en uso en México, lo que plantea cuestionamientos sobre las decisiones de salud pública del país. En total, se distribuyeron 2,000 de estos ventiladores en 255 instalaciones, cada uno con un costo aproximado de 10,000 dólares.
Luego de un prolongado silencio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) finalmente actuó y ordenó el retiro de estos dispositivos el 8 de octubre, instando a los hospitales a inmovilizar y reportar todos los respiradores E30 y otros modelos problemáticos.
En respuesta, Philips afirmó que los ventiladores fueron retirados de manera voluntaria desde 2021 y aseguró que las pruebas más recientes no indican un riesgo significativo para la salud. La empresa defendió que los equipos recibieron autorización de emergencia de Cofepris durante la pandemia y que las donaciones de 2020 ocurrieron antes del retiro global.
La demanda colectiva no solo persigue una compensación económica, sino que podría abrir la puerta a una responsabilidad penal para las corporaciones que descuiden medidas de seguridad sanitaria. Los abogados que representan a las víctimas también buscan extender la denuncia para incluir a funcionarios de salud que hayan mostrado negligencia en la supervisión de estos dispositivos, marcando un posible cambio en la rendición de cuentas en el sector salud.
