El Senado aprueba reforma al Código Fiscal que aumenta presión financiera a contribuyentes
León, Guanajuato. – El Senado ha aprobado la Ley de Ingresos para 2026, la cual incluye una significativa reforma al artículo 141 del Código Fiscal. Esta modificación obliga a los contribuyentes a garantizar el pago de créditos fiscales desde la etapa inicial de defensa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que podría incrementar la presión financiera sobre los mismos, según expertos en el área fiscal.
La nueva disposición se activa cuando un contribuyente, ya sea una persona física o moral, presenta un juicio o solicitud de revocación contra el SAT en relación a una resolución que implica un crédito fiscal impugnado. Anteriormente, la garantía del interés fiscal únicamente era requerida en fases avanzadas del proceso, como en juicios de nulidad y amparo, dejando fuera la etapa de revocación.
Expertos fiscales han señalado que el artículo 141, en su redacción anterior, ofrecía siete modalidades para garantizar el interés fiscal, alternativas que incluían depósitos en efectivo, cartas de crédito, y garantías hipotecarias, entre otras. Con la reforma, se establece un orden obligatorio respecto a estas modalidades, destacando que la primera opción debe ser un depósito en efectivo en instituciones autorizadas, lo que limita la flexibilidad para los contribuyentes al momento de cumplir con esta obligación.
En caso de que un contribuyente no logre garantizar el crédito fiscal conforme a la nueva normativa, la autoridad tributaria podrá embargar cuentas bancarias y bienes, sin suspender los actos de cobro. Este marco legal, argumentan analistas, refuerza la capacidad del SAT para actuar de manera expedita, pero, a su vez, puede generar un riesgo operativo y financiero elevado para aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos.
Además, la reforma excluye ciertos bienes de ser usados como garantía, limitando las opciones para muchos contribuyentes. Se estima que pequeñas y medianas empresas y personas físicas enfrentarán dificultades para cumplir con estas nuevas exigencias, lo que podría afectar su derecho a defenderse en procesos fiscales.
Analistas coinciden en que esta situación representa una mayor complejidad para el entorno económico, potencialmente perjudicando la actividad de las pequeñas y medianas empresas en México.
