Aprobadas reformas a la Ley de Migración en México para incrementar penas por tráfico de migrantes y mejorar atención a mujeres migrantes
La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó de forma mayoritaria dos dictámenes que modifican la Ley de Migración. Estas reformas buscan aumentar las sanciones por tráfico ilícito de migrantes y mejorar la atención y prevención de delitos en contra de este grupo vulnerable.
El primer dictamen modifica el artículo 159 de la ley para elevar las penas por tráfico de migrantes, que pasarían de ocho a 16 años de prisión y multas de entre cinco mil y 15 mil días de salario mínimo, a un rango de 10 a 20 años de cárcel y multas de 12,500 a 40,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se propone una nueva regulación para los servidores públicos que incurran en estas faltas, elevando su pena de cuatro a ocho años de prisión a un rango de cinco a diez años y multas también vinculadas a la UMA.
Motivada por la búsqueda de un marco jurídico más robusto en materia migratoria, esta iniciativa fue respaldada por diputados de diferentes partidos, quienes argumentaron que estas reformas servirán para proteger los derechos humanos de las personas migrantes y desincentivar su tráfico ilícito.
El segundo dictamen se centra en la atención y prevención de violencia contra mujeres migrantes e incluye modificaciones a los artículos 30 y 31 de la Ley de Migración. Se busca actualizar referencias institucionales y adoptar una perspectiva de género en las políticas migratorias, así como fortalecer la capacitación de las autoridades en temas de igualdad de género. La propuesta fue presentada por una diputada del partido gobernante y señala que la violencia de género sigue afectando a mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de migración.
Además, la Comisión aprobó un punto de acuerdo que solicita al secretario de Educación Pública implementar un programa de certificación de competencias laborales dirigido a migrantes centroamericanos y de habla hispana. Esta medida tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de más de 120,000 migrantes que, en muchos casos, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en la frontera norte del país. Las diputadas que presentaron esta iniciativa enfatizaron la necesidad de otorgar reconocimiento oficial a las habilidades que poseen estos migrantes, para facilitar su acceso a un empleo digno.
El debate en torno a estas reformas ha resaltado la importancia de proteger los derechos de los migrantes y la necesidad de establecer sanciones proporcionales a las violaciones cometidas. Legisladores de diversos partidos han enfatizado que la inclusión social de los migrantes no solo es una cuestión ética, sino también práctica, que puede contribuir al bienestar del país.
