Un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) presentó en tribuna una propuesta para la creación de una comisión dedicada a la investigación, atención y seguimiento de la violencia ejercida contra servidores públicos por parte de la delincuencia organizada. En un llamado a sus colegas, hizo hincapié en la importancia de actuar con valentía y compromiso, especialmente en un contexto electoral cercano, señalando la necesidad de prevenir tragedias adicionales.
Destacó la posibilidad de que dicha comisión realice entrevistas a personas procesadas, similar a lo que ocurre en otros países, con el objetivo de esclarecer los motivos detrás de la violencia en México. Indicó que la comisión podría solicitar la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para facilitar encuentros respetuosos con figuras notorias relacionadas con el crimen organizado.
El legislador también subrayó que el trabajo de esta comisión se llevaría a cabo con seriedad y sin buscar protagonismos, enfocándose en hallar centros de adiestramiento para jóvenes sicarios y en la identificación de fosas clandestinas, así como sus conexiones financieras a nivel internacional.
Durante su intervención, citó datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que indican que entre 2018 y 2025 se han documentado 658 asesinatos de servidores públicos en el país, incluyendo a policías, soldados, marinos, jueces y presidentes municipales.
Para avanzar en esta iniciativa, propuso una modificación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que incluiría un inciso específico sobre la prevención, atención y seguimiento de la violencia contra servidores públicos a causa de la delincuencia organizada.
El legislador enfatizó que la creación de esta comisión es crucial no solo para abordar la violencia en lugares específicos como Uruapan, sino también para reafirmar el compromiso del Estado hacia la seguridad de quienes desempeñan funciones de representación social. Asimismo, argumentó que esto fortalecería la rendición de cuentas en las instituciones y ayudaría a combatir la impunidad en diversas localidades del país.
Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen.
